Ante la propuesta de modificación de la asignatura Educación para a Ciudadanía, la Federación de Enseñanza de CCOO muestra su absoluta disconformidad con las modificaciones que se plantean y solicita al Ministerio de Educación Cultura y Deportes que retire el proyecto de real decreto, presentado para su dictamen en el Consejo Escolar del Estado.
Este proyecto responde a la presión de determinados sectores, sobre la base de supuestos ideológicos, y no están motivados por planteamientos pedagógicos ni jurídicos.
Sin embargo, la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece en su artículo 1. apartado c) que el sistema educativo español se inspira en la trasmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación” y en su apartado l)” el desarrollo […] y el fomento de la igualdad efectiva de hombres y mujeres”.
Esta ley, fruto de un proceso de debate con todos los sectores implicados en la tarea educativa, señala en su preámbulo que uno de los fines de la educación es: “el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual".
CCOO entiende que no hay ningún elemento disruptivo en los centros educativos en los que se imparte Educación para a Ciudadanía que justifique su cambio. Asimismo reitera la necesidad de abordar la diferencia individual como elemento de enriquecimiento colectivo y el respeto hacia los valores democráticos para un convivencia vinculada al respeto, la igualdad y la solidaridad.
Por otra parte, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que se aprobó por unanimidad en el Parlamento, dispone que la igualdad entre hombres y mujeres, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia y el desarrollo de las capacidades afectivas deben ser principios del sistema educativo español.
También el Consejo de Europa, en su Recomendación 12/2002, pide a los estados que hagan de la Educación para la Ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa y de sus reformas.
En un contexto en el que la igualdad es un derecho, carece de justificación cualquier cambio que no pase por aumentar el respeto a los derechos constitucionales y legales como garantía para mantener un Estado de derecho.
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