Es vital para preservar la equidad, la inclusividad y la calidad evitando posibles sesgos.ç
El Gobierno anuncia a través de un medio de comunicación la creación de un programa de IA, denominado “Programa de Inteligencia Artificial para la Educación” que incluso tiene una dotación presupuestaria de 140 millones de euros. Una herramienta de esta envergadura, que si bien podría ayudar a las y los docentes en su sobrecarga y exceso de burocracia, siempre que tenga todas las garantías y esté acordada, no se debería impulsar sin el profesorado.
Este anuncio se hace sin que previamente se haya consultado a los personas representantes del profesorado, incumpliendo con la obligación que impone el Reglamento Europeo de la IA de informar con la antelación suficiente de cualquier implantación de un sistema de inteligencia artificial que afecte a situaciones de alto riesgo, como es el caso de la educación, y que además señala importantes cautelas a la hora de utilizar la IA en contextos educativos: “Teniendo en cuenta el desequilibrio de poder en el contexto del trabajo o la educación, combinado con la naturaleza intrusiva de estos sistemas, tales sistemas podrían conducir a un trato perjudicial o desfavorable de determinadas personas físicas o grupos enteros de ellas…” (https://artificialintelligenceact.eu/es/recital/44/).
Además, tampoco se explican los parámetros, reglas e instrucciones en los que se va a basar, ni se especifican los datos y procesos con los que se va a entrenar este “chatbot oficial y soberano” siendo imprescindible que sean transparentes para evitar cualquier tipo de sesgo étnico, de género, condición social, ideología, orientación o de cualquier otro tipo.
Por todo esto, queremos participar en las condiciones de implementación y en su seguimiento y evaluación en un contexto tan importante como son las condiciones laborales del profesorado, así como la necesidad de preservar la equidad, inclusividad y calidad de los procesos de aprendizaje que se llevan a cabo en los centros educativos.
