CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia discrimina a los funcionarios a la hora de hacer sus reclamaciones laborales

CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia va a perpetrar un nuevo atentado contra los derechos de los funcionarios y funcionarias de la Administración con la obligatoriedad de pagar para obtener sus reivindicaciones laborales. La reforma de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa propuesta por Gallardón requiere que los funcionarios públicos vayan a juicio en materia de personal con abogado y procurador a los que tendrán que pagar sus honorarios, al igual que las costas del juicio si no prospera su reclamación. Hasta el momento la reclamación en los juzgados de lo contencioso-administrativo no precisaba de abogado y procurador, por lo que los demandantes no tenían que abonar sus honorarios.

Para CCOO es un claro intento de acallar a los empleados públicos en sus reclamaciones laborales por la vía de imponer un coste económico a estas reclamaciones. Es, además, un trato desigual con la situación de los trabajadores laborales de las Administraciones que, al poder acudir a la jurisdicción laboral, no tienen costes de sus reclamaciones.

Para CCOO este es un ataque más hacia el colectivo de los empleados públicos que comenzará con una campaña de desprestigio, continuó con la reducción de salarios y amenaza con llegar a la pérdida de empleo en las Administraciones Públicas a cuenta de las reducciones de los presupuestos. Además, los funcionarios y funcionarias tendrán más dificultades para oponerse a una política de personal cada vez más agresiva con los trabajadores públicos ya que sus reclamaciones les costarán si se confirma la reforma de Gallardón, por primera en democracia. Dinero de su bolsillo.

Además CCOO denuncia que estos trabajadores públicos denostados y tachados de privilegiados tendrán que trabajar más horas y realizar nuevas funciones en muchos ámbitos, pero especialmente en el de la justicia laboral ya que se convertirán en los intermediarios entre empresarios y trabajadores tras la reforma laboral que elimina el papel de la autoridad laboral. La carga de trabajo aumentará sin que se haya previsto ningún refuerzo de los medios materiales y humanos por lo que las causas se retrasarán con el consiguiente perjuicio para los trabajadores y trabajadoras.