La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León ha denunciado hoy que los miembros de los tribunales de las oposiciones docentes celebradas este verano en la comunidad han soportado jornadas laborales de hasta 12 horas, aulas sin climatizar que en muchos casos han superado los límites legales de temperatura, y una incertidumbre que se prolonga "hasta el año que viene" sobre el cobro de unas dietas insultantemente insuficientes que los propios docentes han tenido que adelantar de su bolsillo. El sindicato ha recogido los testimonios de docentes de los distintos tribunales y especialidades, y todos ellos confirman el mismo diagnóstico. No se trata de casos aislados, sino de un patrón que se repite convocatoria tras convocatoria en toda la comunidad.
"Es un abuso inadmisible. Las oposiciones no pueden servir de excusa para saltarse los límites de jornada, los descansos entre turnos ni ningún otro derecho laboral", denuncia la Federación de Enseñanza de CCOO CyL.
La presión de la Consejería para acortar los plazos del proceso —fijando fechas de publicación de notas incompatibles con una carga de trabajo razonable— se ha traducido en jornadas maratonianas, tanto en la corrección de las pruebas como en la tramitación burocrática de las calificaciones. Esta urgencia ha condicionado el trabajo de los tribunales. Por otro lado, sus miembros denuncian haber recibido instrucciones verbales, transmitidas de forma atropellada y sin tiempo para asimilarlas, ante la falta de una base documental técnica que resolviera de antemano las dudas más habituales de cada convocatoria. Relatan además que los grupos de mensajería entre presidentes y coordinadores permanecían activos pasadas las 20:00 horas, con indicaciones que debían aplicarse a primera hora de la mañana siguiente, un reflejo, señalan, de la presión y la inseguridad con la que se ha desarrollado todo el proceso.
A esa sobrecarga se suma una gestión logística que el propio profesorado ha calificado de aleatoria. La administración no ha explicado el criterio de proximidad seguido para asignar a los docentes examinadores, lo que ha obligado a algunos miembros de tribunal a afrontar trayectos de varias horas sin conexión directa de transporte público. Además, la concentración de aspirantes y miembros de tribunal en las distintas ciudades y la elevada presión turística ha disparado los precios y agotado el alojamiento disponible. El sindicato recuerda que la propia administración se comprometió por escrito, en el acta de la mesa sectorial del 3 de marzo de 2026, a poner a disposición del profesorado afectado las residencias que dependen de la administración autonómica, un compromiso que los tribunales denuncian como completamente incumplido. La descoordinación ha llegado, según los propios afectados, a la publicación de hasta tres cronogramas distintos en menos de dos semanas, lo que ha provocado la pérdida de reservas de alojamiento ya abonadas por los docentes, sin que la administración haya contemplado compensación alguna.
El coste económico que asumen los tribunales agrava aún más la situación. Las dietas de manutención y alojamiento del profesorado se fijaron en 1993 y no se actualizan desde hace casi dos décadas, mientras que las indemnizaciones por razón de servicio, congeladas desde 2002, se sitúan en 42,83 euros para los vocales y 45,89 euros para presidentes y secretarios de tribunal. Según los datos del INE, el IPC ha subido un 71,3% desde entonces, lo que sitúa esas cuantías muy por debajo del coste real de desplazarse, alojarse y comer durante semanas fuera de casa. A ello se suma que la administración da por sentado que los miembros de tribunal disponen de vehículo propio, ante la inexistencia de conexión directa en transporte público, y que, aunque la ley contempla anticipos de hasta el 80% del importe estimado, este derecho no se hace efectivo en la práctica porque la administración alega que la partida correspondiente no está "liberada". El resultado es que los docentes deben adelantar de su propio bolsillo cantidades elevadas que no recuperarán hasta varios meses después.
Los tribunales señalan además la falta de acompañamiento técnico y de reconocimiento a una labor que, insisten, resulta imprescindible para garantizar la objetividad y la transparencia del proceso selectivo. Coinciden también en denunciar aulas sin climatizar que han superado en numerosas ocasiones los límites máximos que marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como reuniones convocadas en días laborables que han obligado a los docentes a desplazarse y reincorporarse al día siguiente a sus centros de trabajo sin margen de descanso.
CCOO Enseñanza recuerda que lleva años reclamando una reforma del sistema de acceso a la función pública docente que reduzca la ratio de opositores por tribunal, una medida que agilizaría el proceso sin necesidad de recurrir a la sobrecarga y el agotamiento de quienes ejercen labores de tribunal. El sindicato advierte de que los niveles de estrés generados por esta situación son "el caldo de cultivo perfecto" para afectar a la salud laboral del profesorado, y explica el creciente rechazo que despierta entre los docentes asumir estas funciones. La Federación subraya que la propia administración exige a los tribunales actuar con rigor, seriedad y profesionalidad, cualidades que, sostiene, debería garantizar también en la organización del proceso y que, en la práctica, brillan por su ausencia.
Por todo ello, CCOO exige el fin de las presiones sobre los tribunales para acelerar los plazos, un cronograma de trabajo único, coordinado y estable que tenga en cuenta de forma efectiva las necesidades reales de desplazamiento y descanso de los docentes desplazados, el cumplimiento estricto del compromiso de facilitar alojamiento suscrito en mesa sectorial, una explicación clara del criterio de proximidad seguido en los nombramientos, y el compromiso firme de abonar todas las dietas antes del inicio del próximo curso. El sindicato reclama además la actualización urgente de dietas e indemnizaciones conforme a la realidad económica actual, la puesta a disposición de anticipos efectivos que eviten que el profesorado tenga que financiar de su bolsillo un proceso selectivo público, y garantías de que esta situación no volverá a repetirse en futuras convocatorias.
