"Se sigue sin dar respuesta a aspectos fundamentales que la norma no resolvía"
La Federación de Enseñanza critica que el Consejo Escolar del Estado haya tenido que pronunciarse sobre documentos relativos a los currículos de Secundaria y Bachillerato que, tal y como ha anunciado el ministro de Educación, van a ser retirados y sufrir modificaciones cuyo alcance no puede determinarse.
CCOO critica que, en un claro ejercicio de falta de respeto institucional, se ha desvirtuado de forma flagrante la importante función consultiva que desarrolla el Consejo Escolar del Estado, máximo órgano de consulta en materia de educación, al tener que manifestarse sobre unos textos que van a modificarse, en lugar de hacerlo sobre los definitivos. En consecuencia, la Federación de Enseñanza exige la retirada inmediata del proyecto actual sobre contenidos básicos y la elaboración por parte del Ministerio de un texto final sobre el que la comunidad educativa pueda pronunciarse siguiendo los trámites preceptivos establecidos.
Asimismo, la Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que el redactado de los proyectos por los que se establece el currículo básico reproduce, en gran medida, el texto aprobado y en vigor que recoge la Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa, por lo que representan una educación clasista, segregadora y excluyente.
Se sigue sin dar respuesta a aspectos fundamentales que la norma no resolvía, como la falta de garantías reales para que el alumnado que cursa Religión confesional estudie también contenidos de carácter ético y social; la inexistencia de mecanismos para que las asignaturas no tengan que competir arbitrariamente entre ellas; o la falta de previsión y criterios claros para organizar una oferta de Formación Profesional Básica adecuada y suficiente.
Además, CCOO rechaza integralmente la configuración de los contenidos curriculares de las materias y asignaturas porque:
• Implica una distribución de competencias claramente recentralizadora que invade la autonomía de las comunidades autónomas en materia educativa.
• Sacraliza el aprendizaje de las matemáticas y la lengua en detrimento de otras materias y contenidos igualmente importantes para la formación integral del alumnado e ignora su contribución en el logro de las competencias básicas reconocidas como claves por todos los sistemas educativos de nuestro entorno.
• Estandariza los aprendizajes, reduciéndolos a meras conductas observables, equiparando la tarea de evaluar (que requiere una alta cualificación profesional) a la de medir (que no precisa de criterios expertos).
• Los “estándares de aprendizaje” se concretan solo al final de las etapas, por lo que están claramente vinculados a las evaluaciones finales. Esta configuración condicionará la práctica docente que, con objeto de no perjudicar la promoción de los alumnos, se centrará exclusivamente en procurar esos estándares, lo que supone la imposición de un aprendizaje homogéneo –que no homologable– en todo el Estado, al margen de todas las variables de tipo personal, cultural o social que pueden influir en el aprendizaje.
• Implica un claro sesgo ideológico en el tratamiento de algunos contenidos (la materia de Valores Éticos, por ejemplo, posiciona claramente al alumnado ante la objeción de conciencia o la desobediencia civil al considerarlas, literalmente, “problemas” porque “implican un desacato a las leyes del Estado a las que todos los ciudadanos deben someterse”).
• Existe una clara falta de rigor profesional y técnico en la elección de contenidos por las graves carencias de algunos verdaderamente fundamentales que deberían establecerse con carácter básico y cuya eliminación de los currículos ha sido reiteradamente denunciada por los expertos de diversas áreas.
La aplicación de los Reales Decretos que establecen el currículo básico comporta otros problemas, igualmente graves, que han sido ignorados o subestimados irresponsablemente por parte de la Administración. La disminución de la carga lectiva de algunas asignaturas, la transformación de algunas que eran obligatorias en optativas, la asignación de nuevas materias o la desaparición de otras van a provocar modificaciones sustanciales en la carga docente que no se han previsto ni evaluado, por lo que el riesgo de que se generen nuevos e importantes conflictos en torno a la aplicación de la ley es más que probable.
La aprobación de estos Reales Decretos, al igual que en su día la aprobación de la LOMCE, no va a suponer un debilitamiento del compromiso de CCOO en la lucha contra esta ley, como se demostró hace unos días en la ofensiva de carácter jurídico que presentamos y que someterá de nuevo la norma a examen en las más altas instancias nacionales e internacionales.
La Federación de Enseñanza critica que el Consejo Escolar del Estado haya tenido que pronunciarse sobre documentos relativos a los currículos de Secundaria y Bachillerato que, tal y como ha anunciado el ministro de Educación, van a ser retirados y sufrir modificaciones cuyo alcance no puede determinarse.
CCOO critica que, en un claro ejercicio de falta de respeto institucional, se ha desvirtuado de forma flagrante la importante función consultiva que desarrolla el Consejo Escolar del Estado, máximo órgano de consulta en materia de educación, al tener que manifestarse sobre unos textos que van a modificarse, en lugar de hacerlo sobre los definitivos. En consecuencia, la Federación de Enseñanza exige la retirada inmediata del proyecto actual sobre contenidos básicos y la elaboración por parte del Ministerio de un texto final sobre el que la comunidad educativa pueda pronunciarse siguiendo los trámites preceptivos establecidos.
Asimismo, la Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que el redactado de los proyectos por los que se establece el currículo básico reproduce, en gran medida, el texto aprobado y en vigor que recoge la Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa, por lo que representan una educación clasista, segregadora y excluyente.
Se sigue sin dar respuesta a aspectos fundamentales que la norma no resolvía, como la falta de garantías reales para que el alumnado que cursa Religión confesional estudie también contenidos de carácter ético y social; la inexistencia de mecanismos para que las asignaturas no tengan que competir arbitrariamente entre ellas; o la falta de previsión y criterios claros para organizar una oferta de Formación Profesional Básica adecuada y suficiente.
Además, CCOO rechaza integralmente la configuración de los contenidos curriculares de las materias y asignaturas porque:
• Implica una distribución de competencias claramente recentralizadora que invade la autonomía de las comunidades autónomas en materia educativa.
• Sacraliza el aprendizaje de las matemáticas y la lengua en detrimento de otras materias y contenidos igualmente importantes para la formación integral del alumnado e ignora su contribución en el logro de las competencias básicas reconocidas como claves por todos los sistemas educativos de nuestro entorno.
• Estandariza los aprendizajes, reduciéndolos a meras conductas observables, equiparando la tarea de evaluar (que requiere una alta cualificación profesional) a la de medir (que no precisa de criterios expertos).
• Los “estándares de aprendizaje” se concretan solo al final de las etapas, por lo que están claramente vinculados a las evaluaciones finales. Esta configuración condicionará la práctica docente que, con objeto de no perjudicar la promoción de los alumnos, se centrará exclusivamente en procurar esos estándares, lo que supone la imposición de un aprendizaje homogéneo –que no homologable– en todo el Estado, al margen de todas las variables de tipo personal, cultural o social que pueden influir en el aprendizaje.
• Implica un claro sesgo ideológico en el tratamiento de algunos contenidos (la materia de Valores Éticos, por ejemplo, posiciona claramente al alumnado ante la objeción de conciencia o la desobediencia civil al considerarlas, literalmente, “problemas” porque “implican un desacato a las leyes del Estado a las que todos los ciudadanos deben someterse”).
• Existe una clara falta de rigor profesional y técnico en la elección de contenidos por las graves carencias de algunos verdaderamente fundamentales que deberían establecerse con carácter básico y cuya eliminación de los currículos ha sido reiteradamente denunciada por los expertos de diversas áreas.
La aplicación de los Reales Decretos que establecen el currículo básico comporta otros problemas, igualmente graves, que han sido ignorados o subestimados irresponsablemente por parte de la Administración. La disminución de la carga lectiva de algunas asignaturas, la transformación de algunas que eran obligatorias en optativas, la asignación de nuevas materias o la desaparición de otras van a provocar modificaciones sustanciales en la carga docente que no se han previsto ni evaluado, por lo que el riesgo de que se generen nuevos e importantes conflictos en torno a la aplicación de la ley es más que probable.
La aprobación de estos Reales Decretos, al igual que en su día la aprobación de la LOMCE, no va a suponer un debilitamiento del compromiso de CCOO en la lucha contra esta ley, como se demostró hace unos días en la ofensiva de carácter jurídico que presentamos y que someterá de nuevo la norma a examen en las más altas instancias nacionales e internacionales.
