La plantilla del Zambrana ha cobrado la nómina del mes de abril con retraso debido al impago de la Junta de Castilla y Léon. CCOO denuncia que es un ejemplo más de las consecuencias de externalizar servicios públicos esenciales. El sindicato exige a la Junta responsabilidades y garantías de que no vuelva a repetirse.
Las trabajadoras y trabajadores del centro de menores Zambrana han cobrado la nómina de abril con retraso. La causa, según la propia empresa gestora, Meridianos es que la Junta de Castilla y León no había abonado las cantidades que le correspondían en virtud del contrato de concesión. Este episodio ilustra con claridad uno de los principales peligros de la externalización de servicios públicos: cuando la Administración falla, los eslabones más débiles de la cadena, las trabajadoras y trabajadores, son siempre quienes sufren las consecuencias.
CCOO exige a la Junta responsabilidades y garantías de que no vuelva a repetirse. El convenio colectivo de aplicación fija como fecha límite de pago el día 5 de cada mes, y lo que resulta especialmente grave no es solo el retraso, sino la causa que la propia empresa ha trasladado a la representación sindical.
Según la información facilitada por la dirección de Recursos Humanos de Meridianos la empresa se ha visto obligada a solicitar una línea de crédito para cubrir el pago. Las trabajadoras y trabajadores han cobrado, pero ello no borra la responsabilidad de la Junta. Fue su incumplimiento el que puso en riesgo los salarios, y no es admisible que las obligaciones laborales de un servicio público queden supeditadas a los tiempos de pago de la Administración.
Para CCOO, esta situación es inadmisible, pero no sorprende, porque es la consecuencia lógica de un modelo de gestión basado en la externalización de servicios públicos esenciales. Cuando la Administración delega en empresas privadas la atención a menores en situación de vulnerabilidad, introduce una cadena de intermediación que fragiliza las condiciones laborales del personal y traslada los riesgos de la gestión pública a quienes menos pueden asumirlos.
En este modelo, ni la empresa ni la Administración pierden, quienes pagan los platos rotos son siempre las trabajadoras y trabajadores. La Junta de Castilla y León tiene la obligación de garantizar que los centros concertados o contratados con fondos públicos cuenten con la financiación necesaria y en plazo. Cuando eso no ocurre, la Administración no es un tercero ajeno, es corresponsable directa de lo sucedido, y su modelo de externalización queda retratado en toda su precariedad.
Desde la Federación de Enseñanza de CCOO, exigimos a la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León que explique públicamente por qué no ha cumplido con sus obligaciones de pago en plazo, que abone con carácter urgente cualquier cantidad pendiente y que adopte las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir.
CCOO seguirá de cerca la evolución de la situación. Si se producen nuevos retrasos o incumplimientos, impulsará sin dilación las acciones sindicales y legales que correspondan, incluida la denuncia ante la Inspección de Trabajo.
Este caso demuestra, una vez más, que privatizar la gestión de servicios públicos no solo no mejora la calidad del servicio, sino que añade capas de precariedad laboral que pagan las trabajadoras y trabajadores. La Junta de Castilla y León debe replantearse este modelo de forma seria y urgente, y mientras tanto tiene la obligación de garantizar que su incapacidad o su falta de agilidad no se traduzca en el impago de un salario.
