La Federación de Enseñanza CCOO CyL ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra las cuatro universidades públicas de la comunidad. La acción legal responde a la vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva, provocada por la parálisis deliberada en la negociación del III Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador (PDI) laboral.
El conflicto laboral afecta directamente a una plantilla de más de 6.200 profesionales —4.600 PDI y más de 1.500 investigadores— que sufren una continuada devaluación de sus condiciones laborales. A pesar de que las negociaciones se iniciaron en noviembre de 2017, la mesa negociadora ha permanecido paralizada casi por completo desde mayo del 2023.
La única reunión de la Mesa de Negociación se celebró el pasado 4 de febrero de 2026, y tras una mediación impulsada por CCOO ante el SERLA. En dicha reunión, las organizaciones sindicales presentaron una propuesta unitaria en materia retributiva para homologar los sueldos del personal docente e investigador de Castilla y León con los de la mayoría de las comunidades autónomas.
Desde entonces hasta hoy, las universidades han mantenido un "silencio inaceptable", no han convocado ninguna reunión, y no han dado respuesta alguna a la propuesta sindical, manteniendo el proceso bloqueado.
Mediante la demanda judicial interpuesta, la FE-CCOO CyL pide al Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad que tome las siguientes medidas para desbloquear la situación:
- Calendario obligatorio de negociación: Las universidades públicas deberán sentarse a negociar de forma inmediata, estableciendo una agenda de reuniones con una programación mínima de seis meses.
- Presencia de la Junta de Castilla y León: Obligar a participar en la mesa negociadora a la Consejería competente de la Junta. CCOO recuerda que, en virtud de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), el Gobierno regional tiene la competencia y la obligación legal de garantizar la suficiencia financiera de las universidades, que debe incluir los gastos de personal, por lo que la financiación no puede seguir utilizándose como pretexto para paralizar los acuerdos.
Desde la Secretaría de Universidad de CCOO recalcan que la representación social "no puede seguir tolerando la devaluación de las condiciones laborales del PDIL ni la paralización del reconocimiento de sus derechos".
