El ámbito de las universidades y la enseñanza superior afronta una etapa especialmente relevante como consecuencia tanto del marco normativo de referencia recientemente aprobado o en tramitación como de las nuevas realidades, necesidades y desafíos que se nos plantean de manera inmediata y a medio plazo. CCOO consideramos que las políticas públicas vinculadas a este ámbito universitario deben ser el resultado del acuerdo y el consenso. Con tal objeto, entendemos preciso generar un marco de trabajo conjunto y permanente con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y para ello hemos solicitado una primera reunión.
Desde nuestra organización consideremos prioritarias una serie de cuestiones que deben ser abordadas de manera inmediata y decidida por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, como serían, entre otras, las siguientes:
- Retomar la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador, cuya negociación se inició hace más de quince años y que, a día de hoy, sigue paralizada. Y ello a pesar de que la Disposición Adicional Décima de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario contemplaba un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica para que el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del estatuto del personal docente e investigador universitario. Este plazo venció el pasado 14 de octubre de 2023. La última reunión de la mesa de negociación se produjo el 24 de julio de 2024 y tras un año de paralización de dicho proceso, consideramos imprescindible abordar de manera decidida y urgente la concreción del proyecto de ley que defina de manera ajustada el marco de los derechos y condiciones de trabajo de este colectivo.
- El artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/2023 establece la obligación de destinar como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, permitiendo así la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea. El 20 de noviembre de 2024 se constituyó la comisión de trabajo para tal fin, pero desgraciadamente, tras una convocatoria en ese mismo año, no se ha vuelto a reunir. En el actual contexto de infrafinanciación crónica y deterioro progresivo del conjunto del sistema universitario público, la concreción del mandato contenido en la Ley resulta perentorio, por lo que consideramos de vital importancia que esta mesa retome su trabajo y establezca los términos de dicha financiación.
- La concreción del texto del Proyecto de Real Decreto por el que se modifican en Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. En nuestras alegaciones a este proyecto normativo señalamos la necesidad de incrementar la exigencia de los requisitos inicialmente contemplados ante un contexto general de crecimiento irracional e injustificado de iniciativas de autorización y reconocimiento de universidades y centros privados universitarios que anteponen de forma evidente el interés económico a la prestación del servicio público de educación superior. Desconocemos la redacción actual del proyecto toda vez que no se nos ha trasladado nueva información al respecto desde el mes de abril. Sin embargo, contemplamos con preocupación declaraciones públicas de responsables universitarios y autonómicos que señalan en la dirección contraria, a una relajación de dichos requisitos.
