El nuevo plan de recortes de Cospedal servirá para destruir empleo y para recortar y privatizar los servicios públicos.
Tal como nos temíamos y denunciamos en su momento, una vez desaparecido el temor a que nuevos recortes perjudicasen el resultado electoral del 20N, el gobierno regional muestra su verdadera cara y adopta con determinación medidas cuya aplicación negaba en campaña. Lo que hace un mes aparecía como única prioridad, “empleo, empleo, empleo”, ahora se olvida y se adoptan medidas que, además de lesionar seriamente los servicios públicos y sumir a la economía regional en una profunda recesión, incrementarán considerablemente el desempleo.
Empezamos a comprobar también que, tal como preveíamos, a la primera oportunidad el gobierno aprovecharía para privatizar servicios públicos. Junto a la privatización de
algunos de los hospitales ya existentes y de todos los que se hagan en un futuro, el gobierno ha anunciado su apuesta por la enseñanza concertada y privada, apuesta que sólo puede hacerse a costa del descenso de la pública, siguiendo la estela marcada por la Comunidad de Madrid. ¿Caminamos en Castilla La Mancha hacia la creación de centros públicos para concertar directamente su funcionamiento con una empresa privada a la vez que se cierran centros de titularidad pública? ¿Acabaremos aquí también ofreciendo desgravación fiscal a quienes lleven a sus hijos a centros privados no concertados a la vez que se detraen los recursos de los centros públicos?
Este plan muestra que, una vez más, los empleados públicos, no sólo los funcionarios, sino también el personal laboral, no sólo los que tienen un salario decente, sino los
que ganan menos de mil euros, no sólo los que tienen trabajo fijo, sino los interinos, sustitutos, etc..., se convierten en el chivo expiatorio de los males de nuestra economía. Se anuncia una rebaja ¿transitoria? del 10% del complemento específico y “asimilados”. ¿Podemos creernos una transitoriedad a la que no se pone fecha? ¿De verdad el descenso salarial será sólo de un 3%? ¿Qué se entiende por complementos “asimilados”? ¿Afectará la reducción a todos los complementos que son competencia de la comunidad autónoma? ¿Incluirá el complemento de destino, los complementos de formación, etc? Mucho nos tememos que, como ocurrió en mayo de 2010, la cacareada reducción del 3% se traduzca en la mayoría de los casos en un descenso muy superior.
Esta reducción se acompaña, además, de un incremento de la jornada en 2,5 horas semanales, lo que, además de obligar a trabajar más por menos dinero, se traducirá
inevitablemente en despidos masivos que se suman a los que se vienen produciendo desde que se empezó a aplicar la primera parte del Plan de Recortes (que no de garantía) de servicios. ¿Qué seguridad y qué esperanza de empleo tienen los trabajadores y trabajadoras interinos, cuya contratación se dice querer restringir al máximo, así como las personas paradas que aspiran a trabajar en la enseñanza o en el resto de servicios públicos?
Además de atentar contra el empleo, las medidas de este plan estrangularán servicios, como ocurrirá con la Universidad de Castilla La Mancha, cuyo presupuesto se verá reducido en 53,3 millones de euros, un 30% del presupuesto actual, poniendo en serias dificultades la prestación del servicio universitario de calidad que esta región necesita y tirando por la borda los esfuerzos y los logros de un sinfín de investigadores y docentes que ven cómo sus puestos de trabajo y sus esfuerzos de muchos años quedan en nada.
Con la presentación de este plan, una vez más el gobierno regional muestra su desprecio por los derechos de las trabajadoras y trabajadores públicos y por sus representantes. Medidas como las que ayer anunciaba la presidenta deberían haber sido presentadas y discutidas con los representantes legítimos de los trabajadores, que hemos tenido que conocerlas por la prensa. Lo único que, coincidiendo con la presentación del plan, se nos comunicaba es que buena parte de las mejoras sociales conseguidas para los empleados públicos tras muchos años de negociación y de lucha por conseguir planes de acción social desaparecen de un plumazo.
Las medidas anunciadas llevan también consigo un ataque a los usuarios de los servicios públicos. Se pierde la cobertura universal de determinados servicios y programas como el del transporte escolar o de la gratuidad de libros se verán seriamente mermados, recortes que se suman a los que padecerán quienes aspiran ser usuarios de las ayudas a la dependencia o de otros servicios.
Finalmente, el plan rezuma una profunda desconfianza hacia los empleados públicos, poniéndonos a todos bajo sospecha al hablar de un plan de control del absentismo laboral, de la exigencia de que las bajas se presenten desde el primer día, o de la necesidad de llevar a cabo un control exhaustivo de las bajas de los docentes. Es demagógico e injusto trasladar a la opinión pública la impresión de que los empleados públicos faltan cuando quieren o se dan de baja sin justificación. Si en algún caso excepcional ocurre algo parecido, son los servicios de control de la propia administración, que los tiene, los que deben atajarlo y no hacer dejación de funciones. Que se pongan a ello y que no cuestionen la profesionalidad de un colectivo.
Y mientras tanto, pretenden conformarnos con el anuncio de una “ley de autoridad del profesorado”. No es con leyes como se refuerza la autoridad del profesorado, sino con apoyos efectivos, medios y buenas condiciones para el ejercicio de su función y, especialmente, absteniéndose de declaraciones que acusan gratuitamente y alimentan la sospecha indiscriminada.
Por todo esto, la Federación de Enseñanza de CCOO quiere anunciar que, en coordinación con el conjunto de las comisiones obreras y con el resto de sindicatos del área pública, invitaremos al conjunto de empleados y usuarios de los servicios públicos, que somos todos, a movilizarnos contra este plan y en defensa de unos servicios públicos de calidad.
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