Según un estudio de CCOO, los recortes educativos se han traducido en la pérdida de 62.000 profesores en la enseñanza pública

Baleares y Murcia; y de otras reducciones más limitadas. En total, suponen 2.600 millones de euros menos, lo que significa, una vez descontado el efecto de las reducciones salariales, casi 62.000 profesores menos a falta de conocer los nuevos presupuestos de Cataluña y el País Vasco, por lo que esta cifra debe considerarse mínima.

Esta disminución de plantillas se ha podido hacer efectiva en la mayoría de los casos sobre la base de la no contratación de interinos o de la vuelta a las aulas de los profesores que, en situación de comisión de servicio, desempeñaban tareas en instituciones dedicadas a la formación del profesorado, asesores de programas, etc.

La reducción de plantillas se ha producido en un contexto de incremento de la población escolarizable (el número de niños y jóvenes de 0 a 20 años) y, particularmente, de la población escolarizada, que permanece o vuelve a las aulas -en el caso de las enseñanzas postobligatorias- por la falta de alternativas laborales. Se trata de un incremento de 607.029 alumnos de enseñanzas de régimen general no universitarias entre los mismos años -un 8,2%-. A ello habría que sumar el incremento de más de 120.000 estudiantes en las enseñanzas de Régimen Especial (Escuelas de Idiomas, etc.), y los existentes en la Educación de Personas Adultas o universitarias.

En todas las etapas el incremento no ha sido el mismo: en FP (Grado Medio y Superior) se sitúa por encima del 20%, estando también por encima de esa cifra el número de los alumnos de PCPI (incluidos los anteriormente denominados de Garantía Social). Por encima del 9% se sitúa también el tramo 0-2 de Educación Infantil, debido no sólo a los incrementos de la población de esas edades, cuanto a los incrementos en las tasas de escolarización, derivadas de los programas de fomento de estas enseñanzas recogidos en la LOE. La suma de ambas variaciones se traduce en un desfase medio próximo al 20% entre alumnado y profesorado entre dichos años, en las enseñanzas de régimen general que repercute, de forma necesaria, en la calidad de nuestro sistema educativo y nos aleja cada vez más de los estándares de la Unión Europea y la OCDE.

La primera consecuencia ha sido el incremento de la ratio, lo que empeora las condiciones en las que se desarrolla el derecho a la educación, seguida de un incremento de la carga horaria lectiva del profesorado, a fin de poder hacer frente a estas mayores necesidades.

Los recortes se han aplicado sin debatir con la comunidad educativa, sin ser objeto de una programación de la enseñanza que fijara las prioridades y sin una intervención efectiva -a la que la que, de acuerdo con la Constitución, tienen derecho- de los padres, profesores y, en su caso, alumnos en la gestión y control de la educación en los centros sostenidos con fondos públicos.

De acuerdo con estudios realizados sobre los recortes en el MEC y algunas comunidades autónomas, éstos se han cebado, especialmente, en los programas que afectan a los alumnos con mayores necesidades (programas de compensación educativa, becas, programas de apoyo y refuerzo para los alumnos con más dificultades, desdobles, …), lo que ha disminuido el carácter compensador de los fondos públicos educativos. Tal parece que los Gobiernos autonómicos han preferido garantizar el estricto cumplimiento de las horas lectivas obligatorias, sin mirar lo demás.

Pero lo más llamativo es que, mientras se hacía esto, en algunas comunidades, pese a producirse también recortes salariales generalizados, se han incrementado entre esos años los fondos públicos destinados a conciertos educativos y el número de unidades concertadas. También se incrementaba el gasto privado educativo, se despilfarraban los fondos y recursos públicos con cesiones de suelo público a empresas privadas, o con muy importantes desgravaciones (a familias que podían ingresar, entre los dos cónyuges hasta 120.000 euros anuales) por gastos en ropa deportiva o actividades extraescolares y se privatizaba la gestión de centros públicos (aumentando el beneficio de las empresas adjudicatarias). Es decir, se hacía recaer de forma muy unilateral y sesgada el esfuerzo al que nos obliga una crisis de la que los alumnos de centros públicos y los trabajadores (y los que lo hacemos en los centros docentes) somos los principales paganos.