Según CCOO la aplicación de la reforma laboral en los servicios sociales precarizará aún más las condiciones de trabajo del sector

Para la secretaria confederal de Política Social , Rosana Costa, el sector de servicios sociales constituye un claro ejemplo de cómo la privatización de los servicios públicos esenciales (ahora colaboración público-privada), conduce directamente a la merma de calidad y a la precarización de las condiciones de trabajo y salariales. El importante crecimiento de empleo que han experimentado los servicios sociales en la última década (entorno a un 200%) tiene su cruz al venir acompañado de un intensivo proceso de privatización. De tal manera que en 2010 la tasa de empleo privado se situaba en el 77% del total de los 582.926 trabajadores en alta en la Seguridad que conforman este sector.

El afán privatizador de las administraciones, externalizando costes, riesgos y responsabilidades, a la hora de proveer los servicios de protección social a la infancia y adolescencia, a las situaciones derivadas de la violencia de género, a la atención a la dependencia, etc; así como en los programas y servicios de prevención y promoción social de colectivos y personas en situación social más desfavorecida, ha supuesto dos grandes lastres para la calidad de estos servicios y del empleo.

Por una parte la pérdida de garantías y tutelas públicas para las personas que ha tenido su reflejo en un proceso de des-regulación de los servicios sociales como servicio público esencial y su progresiva regulación como “actividad económica”. Y por otra, ha supuesto la precarización del mercado de trabajo de los servicios sociales, hasta el punto de que en 2010, según el estudio realizado por el gabinete económico de CCOO se superaba con creces la media del conjunto de la economía española en tasas de temporalidad alcanzando la tasa del 31’7%; en contratación a tiempo parcial alcanzando la tasa del 23% y un salario medio en el sector un 40% inferior a la media del salario del conjunto de sectores de actividad en España.

Buena parte de la alta tasa de contratación temporal existente, podrá ser sustituida por la aplicación del nuevo contrato para emprendedores que permite el despido sin causa y gratuito, o por la aplicación desmedida del contrato de formación para menores de 30 años, entrando así en un proceso de rotación de trabajadores absolutamente lesivo para la calidad de unos servicios sociales basados en la atención personalizada de situaciones complejas, que precisan plantillas estables y cualificadas.

En opinión de Rosana Costa, tampoco la reforma laboral corregirá el excesivo peso que tiene la contratación a tiempo parcial, que en algunos servicios como el de ayuda a domicilio alcanza el 35%. Antes al contrario, al permitir la realización de horas extraordinarias (además de las complementarias), se precariza más esta modalidad contractual. Tendremos trabajadores con contrato parcial haciendo jornadas cuasi completas, máxime si tenemos en cuenta que son servicios que se prestan en una amplia franja horaria y donde al empresario siempre le ha resultado más fácil y más barato la disposición arbitraria de las horas complementarias y extraordinarias de los trabajadores, que la organización del trabajo de una plantilla bien dotada, bien contratada y con derechos reconocidos.

A estos problemas concretos del sector que la reforma laboral no resuelve, hay que añadir, según CCOO, los efectos de una reforma laboral que aplicada sobre unos servicios públicos privatizados al 77%, mal regulados y con escaso control público, no hará sino potenciar sus peores efectos en relación al abaratamiento y descausalización de los despidos, al aumento del poder discrecional de los empresarios para devaluar salarios, para imponer la movilidad geográfica y funcional, para distribuir la jornada, para descolgarse del convenio colectivo y para individualizar la relación laboral

Si tenemos en cuenta que el 87% de personas que trabajan en el sector de servicios sociales son mujeres, comprobamos como la reforma laboral no solo no contempla medidas para corregir las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, sino que además las consecuencias de su aplicación, vendrá a profundizar sobremanera en la discriminación salarial y laboral que ya padecen las mujeres trabajadoras en sectores feminizados y precarizados.