Para CCOO es lamentable que se justifique la reforma constitucional para garantizar el Estado de Bienestar

El Gobierno y el principal partido de la oposición han acordado llevar a cabo una reforma constitucional forzada negando la información, la reflexión y el debate que a nivel político, social y ciudadano sería preceptivo por la regresión social que la sacralización del principio de estabilidad presupuestaria llevará aparejada si no se incide en una política fiscal más equitativa y progresiva, ni se combate decididamente el fraude fiscal.

Apelando al "sentido común" de los ciudadanos PSOE y PP pretenden trampear la realidad planteando el dilema "estabilidad presupuestaria: Si o No", un planteamiento reduccionista y sesgado que trasladado a la opinión pública constituye en si mismo una irresponsabilidad política y de Gobierno por parte de quienes lo promueven.

Lo cierto es que ninguno de los dos partidos mayoritarios plantean actuar sobre los ingresos, pero, sí se esmeran en poner en cuestión la sostenibilidad financiera de los sistemas públicos de sanidad, educación y servicios sociales. Desde el punto de vista de CCOO todo indica que los recortes del gasto social, que ya se vienen produciendo en sanidad, educación y servicios sociales; se intensificarán sobremanera y al amparo del nuevo principio constitucional, lo que hará ‘más llevadera’ la tarea de adelgazar los servicios y el empleo públicos a los gobiernos autonómicos.

Nuestro déficit de 5 puntos en materia fiscal y de 8 puntos en relación con el PIB en gasto social, con respecto a la media europea antes del inicio de la crisis, hacen que constituya una insensatez en toda regla constitucionalizar el principio de "estabilidad presupuestaria" sin comprometer, simultánea y rigurosamente, la armonización fiscal y la convergencia en gasto social con la media de la UE, porque nos conduce inexorablemente a una regresión en materia social.La universalidad, calidad y equidad como señas de identidad de los servicios públicos se ponen en cuestión condenando a la población española a que su capacidad económica sea determinante para acceder a una u otra atención a la dependencia, la salud o la educación, que conseguirá que involucionemos hacia la sociedad dual y el Estado asistencial.

El gasto social público no es una rémora para la economía de un país, al contrario, contribuye a la dinamización de la economía real y a la creación de empleo. El volumen de empleo público en España es 5 puntos inferior a la tasa media en Europa, mientras que la falta de inversión pública en plazas escolares de educación infantil y de formación profesional, en potenciación de la atención primaria en salud, en servicios sociales de atención a la dependencia o en programas de prevención y promoción social para las personas en situación más desfavorecida; no sólo frena el desarrollo social del país sino que además impide la creación del empleo que precisan los servicios públicos y con ello niega la contribución a la recuperación económica que el gasto social público está llamado a realizar.

En la etapa de crecimiento económico comprendida entre 1994 y 2006, la media del gasto social europeo se mantuvo en torno al 28% del PIB, mientras que el gasto social del conjunto del Estado español decreció 4 puntos hasta involucionar al 20%. Con estos datos difícilmente puede justificarse que la causa de los problemas económicos y del déficit español se encuentre en el elevado volumen del gasto social público.

Las mayores tasas de pobreza, desempleo, ineficacia de los programas sociales o fracaso escolar que tenemos en España, mucho tienen que ver con este déficit estructural del volumen del gasto social que mantenemos con respecto a la media europea, por lo que más valdría que los gobiernos reformaran los objetivos, los compromisos y las prácticas políticas en materia social, antes de hacer una reforma constitucional que aumentará la distancia del gasto social público que mantenemos con Europa, limitando el desarrollo social y económico del país y profundizando en la desigualdad social.