rendimiento renta y disponibilidad presupuestaria de cada convocatoria.
El borrador del proyecto que establece los umbrales de renta y las cuantías de las ayudas al estudio para el próximo curso amplía y consolida la política de recortes en educación, comprometiendo la igualdad de oportunidades.
El Ministerio de Educación ha elaborado un borrador del proyecto sobre concesión de becas y ayudas al estudio que rompe definitivamente con su carácter compensador. El documento introduce el concepto de “cuantía variable” para vincular una parte de la ayuda al rendimiento académico de los estudiantes, a la renta y a la disponibilidad presupuestaria, reduciendo sustancialmente la cuantía o parte fija de la ayuda. Además, los ciclos formativos de grado Superior quedan excluidos de las becas de gastos de matrícula, a pesar de la imposición generalizada de tasas en diferentes comunidades.
Las ayudas al estudio deben servir para paliar cualquier obstáculo social y/o económico que pueda excluir a los ciudadanos y ciudadanas del acceso a la enseñanza y que pueda impedir, por tanto, el derecho de todos y todas a la educación. Sin embargo, el Ministerio, en su particular interpretación de los preceptos constitucionales, convierte estas ayudas en un premio al rendimiento académico y el esfuerzo, es decir, las vincula a cualidades que merecen, sin duda, ser consideradas por el sistema educativo, pero que no determinan en realidad la existencia de las condiciones sociales y económicas que están privando del acceso a la educación y que son, en realidad, el verdadero requisito y hecho causante que debe condicionar el acceso a las ayudas. El acceso a la educación no es un derecho solo para los mejores. Es un derecho de tod@s y para tod@s.
Según el nuevo concepto de “cuantía variable”, una parte de la beca o ayuda será una cantidad fija (que no podrá ser superior a 3.000 euros, si se suman los máximos que pueden percibirse por la renta y por la residencia) y otra de carácter variable, que quedará condicionada al rendimiento académico de los estudiantes, a su renta y a la disponibilidad presupuestaria que se establezca en cada convocatoria. Las cuantías se reducirán previsiblemente, ya que las actuales becas salario (que ahora desaparecen) oscilan entre los 3.800 y los 6.000 euros según vayan asociadas a diferentes componentes de ayudas compensatorias o de desplazamiento.
Además, en la práctica esto supondrá que no podrá conocerse la cuantía real total de la beca obtenida hasta que no sea concedida, por lo que los estudiantes no podrán planificarse los estudios y saber con lo que cuentan desde el principio, aun cumpliendo con los requisitos. Esto provocará un efecto “desincentivador” que multiplicará el número de potenciales beneficiarios/as que no accederán a las ayudas el próximo curso, pues las limitaciones económicas de muchísimas familias son ya tan graves que no pueden permitirse ningún margen de incertidumbre.
Se consolida la política ya iniciada el curso anterior de endurecimiento de los criterios académicos para tener derecho a las ayudas, lo que dejará fuera a miles de beneficiarios/as. Para este curso, en las pruebas de acceso a la Universidad, los alumnos deberán obtener al menos un 6,5. Si solicitan ayudas para cursos posteriores, deberán haber superado el 100% de los créditos matriculados (sólo en las enseñanzas técnicas se permite el 85%). Además, tal y como ya ocurrió el curso pasado, los solicitantes que no superen ese porcentaje de créditos deben obtener una nota académica determinada: Artes y Humanidades 90% (6,5 puntos), Ciencias 80% (6,5 puntos), Ciencias Sociales y Jurídicas 90% (6,5 puntos), Ciencias de la Salud 80 % (6,5 puntos), Enseñanzas Técnicas 65% (6 puntos). Este último requisito ha motivado la denegación de cientos de becas.
El incomprensible endurecimiento del acceso a la ayuda pública para el estudio en un momento de graves limitaciones económicas para las familias, una tasa de desempleo juvenil insostenible y un aumento de matrículas para acceder a la educación solo puede provocar más exclusión social. Es el caso de la FP de Grado Superior, que queda excluida de las becas de gastos de matrícula, a pesar de la imposición generalizada de tasas en diferentes comunidades.
La aplicación de la norma es un exponente más de la política “hooligan” de recortes que este gobierno practica sistemáticamente contra el estado del bienestar, acorde con el espíritu último de las contrarreformas educativas que están imponiéndose en nuestro país: vincular las oportunidades a una “excelencia educativa” que va a “producirse” a merced del gran esfuerzo de alumnos y alumnas sometidos a la presión de tener que aprobar una reválida o sacar una nota determinada para no quedarse marginado de una formación y cualificación irrenunciables y determinantes para la exclusión social. No existe fundamento o patrón más abominable en términos educativos y sociales, pues sienta las bases de una sociedad desigual.
Una política de recortes perversa, injusta e inútil para salir de la “crisis” que tiene como objetivo real el desmantelamiento de los servicios públicos y los sistemas de protección social, los garantes reales de la equidad y de la igualdad de oportunidades entre las personas.
Ante este nuevo ataque al derecho a la educación, la Federación de Enseñanza de CCOO llama a toda la ciudadanía, más que nunca, a participar activamente en el calendario de movilizaciones y actos previstos en el marco de la Plataforma por la Escuela Pública.
