A la finalización del presente curso 2012/2013 termina el plazo por el que fueron concedidos los actuales conciertos educativos, por lo que los centros privados de la Comunidad que desean acogerse a ellos han debido presentar, el pasado mes de marzo, la solicitud para los próximos cuatro cursos. Un año más, los empresarios de los centros de la enseñanza privada han presentado a la Comisión de Conciertos Educativos de Castilla y León, la solicitud de subvención de un número de nuevas unidades similar al que presentaron cursos anteriores, que se vendrían a sumar al resto de las ya existentes, en concreto, 194.
CCOO ha hecho notar en años anteriores los incumplimientos que se producen en la aplicación de la normativa aplicable, en especial cuando se conciertan unidades con un número de alumnos inferior al legalmente establecido. Citábamos, como significativo, el caso de un colegio femenino, de la obra de apostolado corporativo del Opus Dei, en la que hay concertadas varias unidades con un número muy inferior al requerido, pudiendo dichas alumnas ser asumidas por los centros públicos de la zona.
Valorábamos, también entonces, el actual desequilibrio entre la red pública y la privada, en relación con el existente en el momento de producirse las trasferencias educativas. Señalábamos, además, que a pesar de las recomendaciones del Consejo Escolar de CyL y del Procurador del Común, la Administración regional no ha tomado medidas para reequilibrar el reparto del alumnado con necesidades educativas especiales y del alumnado inmigrante.
También hacíamos notar que, ese mismo Consejo Escolar, ha recomendado a la Junta que no financie colegios privados cuando esa demanda de escolarización pudiese ser cubierta por centros públicos, convergiendo de esa manera con los países de la OCDE en el modelo de financiación de las diferentes enseñanzas.
Habíamos fijado la atención, igualmente, en la desigual repercusión de los recortes presupuestarios de los cuatro últimos años, entre la enseñanza pública y la privada sostenida con fondos públicos, ya que mientras hasta el curso pasado la enseñanza privada había crecido en 31 unidades para hacer frente a un aumento de 573 alumnos, en la Pública 37 unidades debían hacer frente a un crecimiento más de diez veces superior, de 5973 alumnos. La evolución al alza en la demanda de enseñanza pública, que se debería, en parte, a las dificultades de las familias para pagar en la concertada las aportaciones voluntarias, y las cuotas de actividades extraescolares, se habría intentado compensar por parte de la Administración regional, con dinero público, salvaguardando así intereses privados de tipo económico e ideológico,
Este curso queremos recalcar el hecho de que el borrador de la LOMCE invierte radicalmente el principio básico de todo Estado democrático, por el cual el Estado debe intervenir en la planificación de la enseñanza y en la provisión de puestos escolares, y, por lo tanto, la enseñanza privada el carácter subsidiario de la pública. La LOMCE establece ahora que la programación de la educación obligatoria tendrá en cuenta la demanda social y los centros privados concertados existentes, lo que dispensaría a las Administraciones educativas de garantizar plazas “públicas” suficientes, especialmente en las zonas de nueva población. En Arroyo de la Encomienda (Valladolid) se están adelantando a la Ley: como la Junta de Castilla y León no ha construido el Instituto público al que se había comprometido en una localidad de 20.000 habitantes, el ayuntamiento ha cedido suelo a un colegio del Opus que pretende ser concertado.
Queremos señalar, por último, que el pasado verano el Tribunal Supremo, declaró ilegales las ayudas a los centros que segregan por sexo, basándose en que la Ley Orgánica de Educación de 2006 establece que los centros concertados no pueden discriminar a los alumnos en sus criterios de admisión, entre los que se alude expresamente a cuestiones de sexo. En los meses siguientes, nuevas sentencias del Supremo, referidas a otras comunidades autónomas diferentes a la andaluza, donde se había presentado dicho recurso, ratificaron la misma doctrina. Creemos por ello, que dichos centros no deberían de ninguna manera, ser objeto de concierto.
Ver nota de prensa
