La Secretaría confederal de Acción Sindical de CCOO informa que, según datos del MTIN, el porcentaje de convenios que incluyen cláusula de garantía salarial efectiva y los trabajadores cubiertos por ellas sigue bajando con respecto a años anteriores. CCOO denuncia que, además de un dato preocupante, el retroceso de la cobertura en la cláusula de garantía salarial es el pésimo efecto de la presión empresarial frente al modelo concertado de negociación salarial (incremento indexado en torno al IPC más los incrementos de productividad y con cobertura de cláusula de garantía).
Según datos del MTIN, hasta finales de mayo de 2011, los convenios colectivos que han registrado sus efectos económicos para el año 2010 ascienden a 3.598 y afectan a 9.078.242 trabajadores y trabajadoras. El incremento inicialmente pactado, se situó como media en el 1,51%; pero tras producirse una elevada inflación por el traslado a precios de los costes empresariales (alcanzando el IPC interanual de diciembre de 2010 el 3%) ha sido necesario que en aquellos convenios que tienen pactada cláusula de garantía salarial se activase, por lo que el incremento salarial medio, una vez revisado, se sitúa en el 2,21%.
De los 3.598 convenios con efectos económicos de 2010 registrados sólo el 33,21% tienen cláusula de garantía salarial y el 28,1% la tiene regulada con efectos retroactivos. El porcentaje de trabajadores incluidos en convenios con cláusula de garantía asciende al 49,6%, quedando la cifra en el 38% en el caso de los que les afecta el carácter retroactivo de la revisión del incremento pactado. Por tanto, el 62% de los trabajadores han visto considerablemente mermado su poder adquisitivo al no disponer, en su convenio, de esta cláusula de salvaguarda.
Los 2.597 convenios de empresa con efectos económicos registrados en 2010, y que afectan a 629.573 personas, fijaron el incremento inicial en el 1,26% y una vez aplicada la cláusula de garantía salarial retroactiva a los 593 convenios que la contemplan y que afectaban al 25,6% de los trabajadores y trabajadoras incluidos en el ámbito de los convenios de empresa, el incremento subió al 1,77%. Mientras, los 1.001 convenios de otro ámbito (sectoriales y de grupo de empresas), con efectos económicos registrados en 2010 y que afectan a 8.448.860 personas, fijaron el incremento inicial en el 1,53% y tras activarse la cláusula de garantía salarial retroactiva en los 418 convenios que la contemplan y que afectan al 39% de los trabajadores y trabajadoras incluidos en el ámbito de estos convenios, el incremento subió al 2,24%, un 0,76% menos que el IPC.
En los convenios firmados, el incremento inicial se sitúo, como media, en el 1,15% y tras la aplicación de la cláusula de garantía salarial, el incremento pasó a ser el 1,84%. Mientras, en los convenios revisados, el incremento inicialmente pactado fue del 1,58% y el revisado por efectos de la cláusula de garantía, ascendió hasta el 2,28%.
Respecto a los convenios han firmado o revisado sus efectos económicos para 2011, CCOO advierte que la información disponible es aún poco significativa, dado el bajo número de convenios registrados hasta la fecha (1.756 revisiones y 105 convenios firmados). El incremento inicialmente pactado hasta mayo es el 2,80%, valor bastante superior al que registrado en el mismo mes del pasado año ( 1,31%) debido, en gran medida, a que parte de los convenios registrados, fundamentalmente convenios plurianuales revisados, han pactado incrementos basados en el IPC del año anterior y por tanto, con valores altos, pero sin cláusula de garantía salarial, y otros muchos han realizado una actualización de las tablas salariales de 2010 con carácter previo al incremento salarial pactado para 2011, en aplicación de la cláusula de garantía salarial pactada sin efectos retroactivos.
Estos convenios están teniendo prioridad en la labor de registro estadístico de las revisiones salariales, mientras que los convenios plurianuales que firmaron en su día el incremento salarial para 2011 basado en el IPC previsto o en el del año en curso, están más ralentizados, tanto en el registro estadístico como en su plasmación práctica por las objeciones de algunas empresas y organizaciones empresariales a firmar las tablas salariales correspondientes a su aplicación, a pesar de haberlo pactado en su día.
¿Qué está pasando en la negociación colectiva?
CCOO confirma que las patronales están incumpliendo los compromisos del ANC 2010-2012 presionando a la baja sobre los incrementos salariales y las cláusulas de garantía. Para CCOO, el retroceso de la cobertura en la cláusula de garantía salarial es, además de un dato preocupante, el pésimo efecto de la presión empresarial frente al modelo de negociación salarial (incremento indexado en torno al IPC más los incrementos de productividad y con cobertura de cláusula de garantía), concertado sin conflicto durante muchos años, tanto en periodos de crecimiento como en periodos de dificultades económicas anteriores.
CCOO advierte que el rechazo de los incrementos salariales basados en el IPC y de las cláusulas de garantía que protegen el poder adquisitivo de los salarios frente al aumento de los precios ( promovido por las patronales e instituciones como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional) está llevando a una continúa fuga para provocar una “modificación substancial” de dicho modelo en interés exclusivo de las empresas, sin importarles la merma que sobre la capacidad adquisitiva de los salarios tiene el descontrol de la inflación y la falta de protección frente al alza desmesurada de los precios; el previsible aumento de la conflictividad laboral y social o las consecuencias que esto acarrea sobre la contracción del consumo privado y la actividad económica.
En este sentido, CCOO denuncia que el ataque por parte de las organizaciones ahora se centra en eliminar cualquier vinculación de los salarios con la evolución de los precios, con el falso argumento de que lo que “salvará” a las empresas y –según ellas- al empleo, es vincular los salarios al incremento de la productividad.
Unas organizaciones empresariales que ocultan que las posiciones de CEOE siguen siendo un obstáculo, pese a los intentos de la Administración, para dotar de mayor transparencia a la información económica y laboral que pueda ayudar a las partes negociadoras de los convenios colectivos a disponer de datos suficientes y seguros sobre la evolución de las empresas y sus resultados, de la actividad económica sectorial (a nivel estatal y territorial) y de la cobertura real de los convenios colectivos. Datos fundamentales para poder tomar en consideración otras variables, además de la inflación, a la hora de fijar las condiciones retributivas en los convenios colectivos.
Para CCOO las organizaciones empresariales olvidan además, porque no les interesa, que junto a los cuatro millones y medio de trabajadores y trabajadoras que han podido ver compensada o mitigada la pérdida de poder adquisitivo en 2010 al disponer de cláusula de garantía salarial en sus convenios, hay otros cuatro millones y medio que, por carecer de dicha protección, han tenido un incremento salarial del 1,6% frente al 3% que subieron los precios; que más de 800.000 personas asalariadas no han tenido ningún incremento desde 2008 al estar la negociación o la revisión de su convenio bloqueada; más de dos millones no han tenido incremento salarial desde 2009 por el mismo motivo, y que más de dos millones de personas empleadas en las Administraciones Públicas han visto recortados sus salarios en 2010 y lo tienen congelado en 2011.
Ante esta perspectiva, que lejos de permitir vislumbrar un horizonte de recuperación de la actividad, del empleo y de los derechos restringidos, nos trae cada día el anuncio de más y mayores recortes de derechos laborales, sociales y de prestaciones públicas, CCOO advierte que reforzará la actividad en los centros de trabajo y en todos los ámbitos públicos donde desarrolla la acción sindical para defender, desde la negociación colectiva y el diálogo social, los objetivos y reivindicaciones que demandan las personas a las que representa, trabajadores y trabajadoras en activo y pensionistas, con contrato estable, precario o que buscan empleo, con el uso de cuantos instrumentos de movilización están contemplados en nuestro ordenamiento constitucional y sean necesarios utilizar a tal fin.
