La Plataforma de empleados públicos de Castilla y León se reune para reclamar la paga extra del personal al servicio de las Administraciones

El objetivo de las organizaciones sindicales y profesionales presentes en la Plataforma es lograr que las Administraciones Públicas repongan los derechos arrebatados a los 120.000 trabajadores y trabajadoras públicos sin necesidad de acudir a los tribunales. En este sentido han hecho un llamamiento, especialmente a la Administración regional, para que sea sensible a esta reclamación y devuelva la paga extra de Navidad a la plantilla. Si no es así también plantearán demandas colectivas ante los tribunales para evitar que los trabajadores y trabajadoras tengan que defenderse individualmente lo que conllevaría gastos innecesarios y cerraría los procedimientos sin beneficiar a todo el colectivo. Sólo en el caso en que los tribunales no dieran la razón a la demanda colectiva los empleados y empleadas públicos deberían reclamar judicialmente sus haberes perdidos para lo que el personal laboral cuenta con un año de plazo y el personal funcionario y estatutario tiene cuatro años.

Sin embargo las organizaciones presentes en la Plataforma de Empleados Públicos de Castilla y León creen que no será necesario ya que tienen una sentencia a favor de la recuperación de algunos haberes relacionados con la paga extra navideña que les dan esperanzas. Se trata de la reclamación menor que van a pedir, el pago de la parte proporcional de la paga extra correspondiente a los 14 días del mes de julio transcurridos entre el 1 de julio, cuando comienza a devengar el derecho a la paga extra navideña, y el 14 del mismo mes, cuando se publicó el decreto "antidéficit" del Gobierno de Mariano Rajoy. La reclamación fundamental, no obstante, es la devolución de toda la paga extra y se basa en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012 que reconoce el derecho a dos pagas extraordinarias al año para el personal al servicio de las Administraciones Públicas y también la Constitución Española que defiende el derecho a la propiedad, la seguridad jurídica de las personas y la no retroactividad de las leyes, por lo que la Plataforma ha acusado al Gobierno de vulnerar los derechos fundamentales de los empleados y empleadas públicos.

En las acciones de la Plataforma estarán incluidos todos los trabajadores y trabajadoras de todas las Administraciones tanto laborales como funcionarios y estatutarios e incluídos los que se hubieran jubilado o fuesen interinos o eventuales pero que estuvieran trabajando en el periodo que generó el derecho a la paga extra, es decir, entre julio y diciembre de 2012.

La Plataforma ha señalado que los trabajadores públicos no cuentan con ninguna garantía de mantenimiento de sus salarios tampoco en 2013 después de sufrir recortes del sueldo en 2010 y 2012 y mantener los salarios congelados desde el principio de la crisis. Elena Fernández de CCOO ha indicado que los empleados públicos cobran sueldos del año 2000, aunque estamos en 2013 y "el IPC no ha dejado de subir en todos estos años" ha recalcado. También han denunciado que el presupuesto destinado a Acción Social, ayudas a trabajadores y trabajadoras de la Junta de Castilla y León para cuestiones relacionadas con necesidades familiares y sociales, está desaparecido desde 2010.