"La LOMCE pone en cuestión el derecho a la educación"

La Federación de Enseñanza de CCOO ha elaborado un libro-informe en el que ofrece argumentos, críticas, propuestas y alternativas ante las agresiones que la educación, especialmente pública, viene sufriendo en los últimos tiempos y de los que es un ejemplo más la propuesta de una nueva ley educativa, la LOMCE. Frente a esta norma, el estudio de CCOO quiere ser una llamada a la movilización, a la protesta y a la reacción frente al pesimismo pedagógico en el que pretende hundirnos la derecha, así como una forma de estrechar vínculos con y los movimientos ciudadanos, sociales y políticos que luchan por un mundo más culto, más libre y más justo.

A partir de un diagnóstico, en el libro se analizan los problemas actuales de cada sector o etapa educativa, se denuncia la ausencia de soluciones en las propuestas recogidas en la LOMCE y, por último, se formulan propuestas y alternativas que supongan un avance en la solución de los problemas.

El diagnóstico se encuentra en la base de cada capítulo, pero también figura uno de carácter general que se refiere a la década 2000-2009 en la que todas las comunidades autónomas han ejercido las competencias plenas en el ámbito educativo; y a los años más recientes, los de la crisis económica con un perfil propio.

De este análisis se derivan las primeras conclusiones que socavan alguno de los prejuicios en los que se sustenta la LOMCE.

En primer lugar, la gestión autonómica de las competencias en educación ha supuesto una reducción de las importantes diferencias territoriales, diferencias generadas con modelos centralistas de gestión de las competencias educativas.

En segundo lugar, las comunidades autónomas que han destinado más recursos educativos, los han invertido más en el incremento de las tasas de escolarización en las etapas no obligatorias (Educación Infantil 0-2 y 3-5 o en la postobligatoria), que a una mejora de los rendimientos del alumnado ya escolarizado.

En tercer lugar, la crítica al modelo de gestión compartida de las competencias educativas no parece sostenerse en un análisis de indicadores. Además, el estudio de la gestión de las competencias educativas por las administraciones no debe centrarse exclusivamente en analizar el desempeño por parte de las CCAA de las competencias educativas, sino en las oportunidades de mejora que puede suponer para el conjunto del sistema

Lo cierto es que en las competencias que la ley atribuye al Estado, éste ha fallado particularmente en los años de gobiernos conservadores como resultado del escaso gasto en becas o por recortarlo, como ha ocurrido en el último año. También ha fallado al no mantener los programas educativos de cooperación territorial de objetivos compartidos y estratégicos, con un modelo de cofinanciación Estado/CCAA, (Plan Educa3, Escuela 2.0, PROA, etc).

En el último año el Estado ha incumplido su responsabilidad de alcanzar un mínimo consenso en torno al logro de objetivos educativos por todas las comunidades autónomas y de extender a éstas las buenas prácticas desarrolladas por determinados territorios respecto a la consecución de un objetivo educativo concreto.

La crisis económica y la salida de ésta estrechan los lazos entre educación y sociedad. Ejemplo de ello es que la elevada tasa de paro juvenil está reforzando la vuelta a las aulas, especialmente en las etapas postobligatorias.

La crisis y el paro no afectan a todos por igual. Un mayor nivel formativo y la formación continua son garantías de un menor desempleo o de una relativa mayor empleabilidad. El colectivo más problemático es sin duda el de jóvenes en situación de abandono educativo temprano (AET) y en desempleo o no activos. El sistema educativo debe ofrecerles una salida, evitando el aumento constante del número de efectivos de este grupo.

Se trata, en definitiva, de que la educación forme a personas creativas y capaces de construirse su futuro y de que en ese futuro tenga cabida la mejor y más adecuada inserción profesional. La bolsa de jóvenes en situación de AET y desempleo no desaparecerá confiando en el paso del tiempo, o en el crecimiento de una economía basada nuevamente en la especulación inmobiliaria o en servicios de baja cualificación. Este colectivo y el de adultos con similares problemas formativos exigen iniciativas en el terreno de la educación y la formación, a los que la futura ley educativa debiera dar respuesta.

Los fuertes recortes en la educación han afectado sustancialmente a su financiación y a las condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación. Se han aplicado de manera precipitada y forzada, como han reconocido los propios gobernantes, sin poder fijar las prioridades adecuadamente, e incluso coincidiendo en el tiempo con políticas de disminución de ingresos derivadas de gastos privados en educación, con decisiones de cesión de recursos públicos de valor educativo (parcelas de suelo público) o con incrementos en el número de unidades concertadas.

La nueva ley educativa debería ser una ocasión para fijar las prioridades en el gasto educativo, evitando que incidan en el alumnado en situación más desfavorecida desde el punto de vista económico y social.

Sin embargo, el anteproyecto de la LOMCE se sustenta en un pesimismo pedagógico alimentado por la derecha y aparece como la otra cara de la política de recortes y regalos fiscales. De este modo, aprovecha la crisis para cambiar el modelo constitucional que obliga a los poderes públicos a garantizar, mediante las inversiones y la programación de la enseñanza, el ejercicio del derecho a la educación. Asimismo, reduce considerablemente el gasto público educativo mientras se incrementa el gasto educativo privado. El mensaje es claro: la salida de esta crisis sólo se la pagará quien pueda.

En el borrador de la ley se alude a la libertad, pero en el texto sólo figuran recortes en los derechos de participación e intervención de los padres, profesores y alumnos, del consejo escolar, etc., para traspasarlos a la dirección política de la administración, a los directores de los centros o a los titulares de los mismos. Se propugna la privatización del modelo de gestión y de la propia titularidad de los centros y de los aspectos esenciales de los procesos educativos sin una valoración de su impacto y consecuencias y eludiendo que esta medida supondrá la quiebra del modelo de bienestar social.

En la LOMCE se mencionan los objetivos europeos en educación pero se plantea a medio plazo un cumplimiento formal y torticero, incorporando artificialmente a los titulados de la FP Básica en la segunda etapa de la educación secundaria junto a titulados de FP de Grado Medio y de Bachillerato, alterando las cifras de reducción de las tasas de abandono educativo temprano y el incremento de los titulados en Formación Profesional, Se maquillan y se manipulan los datos pero no se ofrece una alternativa creíble a los cientos de miles de jóvenes en paro o con escasa formación, empujándolos a una situación de marginación social.

Se trata de levantar la bandera de la FP dual (ausente de la ley) para encubrir la escandalosa tasa de paro juvenil, sin desarrollar la ley de Cualificaciones y FP, en la que, desde el consenso, se fijaron las líneas básicas de la formación profesional. La alternativa pasa por el fortalecimiento del papel de las prácticas en la Formación Profesional, incluida la reglada, y el desarrollo de un modelo de alternancia entre trabajo y educación, diseñado conjuntamente por ambas administraciones e interlocutores sociales.

El anteproyecto de ley menciona la igualdad de oportunidades, pero incrementa las barreras y reválidas en las que los condicionantes sociales, tienen más peso, a la par que reduce los ya escasos fondos para las políticas de becas, reduciendo la progresividad de su función.

También recentraliza el currículum, haciéndolo más academicista y segregador, ataca las lenguas cooficiales, reduce la autonomía pedagógica invadiendo las competencias de las administraciones y la capacidad de decisión de los centros, e impone la especialización de éstos al margen de la función social que realizan.

La futura ley sienta las bases para una vuelta a la confesionalidad del currículum, impidiendo una educación para todos a partir los valores morales y políticos que nos son comunes: los de la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La insistencia en la implantación de las religiones confesionales coincide con la fuerte y progresiva reducción de su solicitud en las aulas.

Aunque en el borrador de la LOMCE se habla de evaluación, abandona la evaluación formativa y las medidas educativas de más éxito (programas de diversificación) mientras, persiste en las medidas más alejadas de la mejora del proceso educativo, como la repetición de curso. Al mismo tiempo suprime la prohibición de que los resultados de las evaluaciones del sistema educativo se utilicen para establecer clasificaciones de los centros y extrae consecuencias indeseables de una evaluación que debería ser formativa: prevé aumentar los recursos para los centros con mejores y descontextualizados resultados…y “aplicar medidas correctoras” a los demás.

En suma, el anteproyecto de ley parece sacado del cajón en que han reposado muchos años los prejuicios y deseos de revancha educativa de la derecha más rancia, a la espera de una mayoría absoluta que le permitiera hacerlos realidad prescindiendo del resto de los grupos políticos así como de los representantes de la comunidad educativa y de las organizaciones sociales.