
Dentro de los cambios que la Consejería de Educación quiere implementar el próximo curso para hacer frente a la reducción presupuestaria que la Junta de Castilla y León ha llevado a cabo en el ámbito de la educación pública, está el bachillerato a distancia. La Junta se justifica por la necesidad de redistribuir al profesorado según las necesidades educativas, ya que el mundo rural de Castilla y León no puede permitirse una amplia oferta de asignaturas de modalidad en un bachillerato con escaso alumnado y, al mismo tiempo, mantener grupos de bachillerato saturados con más de 35 alumnos por aula en las capitales de provincia.
Pero la realidad de la medida es otra, ya que el siguiente curso seguiremos viendo los institutos públicos de nuestras ciudades saturados. La novedad será que la dinámica de los recortes se trasladará al mundo rural, reduciendo su oferta educativa. La táctica de la Consejería de Educación se la saben de memoria los docentes que están trabajando en los centros públicos de Castilla y León, los alumnos que cursan en 1º y 2º de bachillerato no se matricularán en este bachillerato a distancia, porque en el mejor de los casos preferirán una asignatura de cuatro horas que no otra donde tendrán una o dos horas para preparar, sin igualdad de oportunidades, la PAU; en el peor de los casos se matricularán en centros de ciudad que sí tengan la oferta educativa que ellos quieren para tener la base con la que afrontar con garantías los estudios universitarios. En ambos casos el resultado será, a corto plazo, que estas asignaturas, forzadas por la Consejería de Educación, no tengan matrícula y, por lo tanto, puedan ser suprimidas. Junto con ellas se suprimirá una plaza de docente (el titular será desplazado y el interino suprimido) y, de este modo, se habrá conseguido el verdadero objetivo: reducir el gasto en educación pública y cuadrar la cuentas. Así que, al menos, tengan la consideración de tratar con inteligencia a la comunidad educativa y no justifiquen como una medida con base pedagógica algo que poco o nada tiene que ver con el derecho a la educación y mucho o todo con criterios economicistas que abandonan y dejan a suerte a regiones cuyo futuro, sin servicios públicos, es el desierto poblacional.