La Presidenta de la Comisión Permanente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, Dña. Adelaida de la Calle, y los dos Vicepresidentes, Dña. Montserrat Casas y D. Juan Juliá, mantuvieron ayer una reunión con el Ministro de ECD. Los rectores le han traslado al Ministro su preocupación por el Decreto aprobado por el Gobierno, el pasado viernes 20 de abril, así como por las declaraciones en torno a la labor desempeñada por las universidades, que son un elemento clave para el desarrollo de nuestro país. Asimismo, han lamentado que no se haya contado con las universidades antes de la aprobación de estas medidas.
Ante la actual coyuntura económica, se debe garantizar, ahora más que nunca, una educación superior pública accesible para todos los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos. Por este motivo, se considera que, para que esta política de precios públicos se ponga en funcionamiento, deben cumplirse previamente las siguientes condiciones: implantación de un buen sistema de becas y ayudas al estudio, que funcione correctamente y cumpla criterios de equidad; y que el incremento de los precios públicos en segundas y sucesivas matrículas, que recoge el Real Decreto-ley, se lleve a cabo de forma progresiva en el tiempo. En este sentido, el Ministerio ha manifestado que todos los estudiantes que cumplan con los requisitos para obtener una beca, tendrán derecho a recibirla.
El profesorado, que también se ve afectado por las últimas medidas, ve cómo se le reduce las condiciones laborales y se le modifica unilateralmente el régimen de dedicación. No hay discusión alguna sobre la importancia de la evaluación de la investigación, pero cabe señalar que esta evaluación ha sido hasta ahora, y sigue siendo, voluntaria por parte de cada profesor, y no tiene como objetivo discernir si se investiga o no, sino establecer únicamente el nivel. Conviene recordar que los procesos de evaluación han tenido una contestación importante en algunos campos científicos, con resultados muy dispares. Asimismo, cabe remarcar que estas medidas aprobadas por el Gobierno no tienen en cuenta la dedicación de este colectivo a las funciones de gestión administrativa y la transferencia del conocimiento. Esta última función es imprescindible para la transmisión del conocimiento científico y tecnológico generado en las universidades al tejido social y productivo.
El Ministerio ha transmitido a los rectores que se están desarrollando reglamentariamente las dedicaciones del profesorado y ha solicitado a la presidencia de la CRUE las sugerencias pertinentes para la mejora del texto, en lo relativo a los tramos de investigación, transferencia y actividades de gestión académica y científica.
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