
Ante la extraordinaria gravedad de la crisis financiera y económica de la UE, el Comité ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) exige a las instituciones europeas un inmediato cambio de rumbo en las políticas de austeridad y recortes sociales y laborales y propone un nuevo contrato social para Europa.
El Comité Ejecutivo de la CES, reunido durante los días 5 y 6 en Bruselas, presidido por el secretario general de CCOO y presidente de la CES, Ignacio Fernández Toxo, ha lanzado un llamamiento a las organizaciones europeas de empresarios, a las instituciones de la UE y a los gobiernos nacionales para iniciar un debate sobre la nueva forma que debería adoptar la Europa social, y ha propuesto un nuevo contrato social para Europa.
Para la CES, la negociación colectiva y el diálogo social libres, parte fundamental del modelo social europeo, debería formar parte de este nuevo contrato social, respetando la autonomía de los interlocutores sociales a nivel nacional y europeo, asícomo medidas que pongan fin a la crisis de la deuda soberana y otorguen al BCE el papel de prestamista de último recurso, con la posibilidad de emitir Eurobonos, que también debería contemplar políticas europeas industriales y de inversión para responder a los desafíos económicos y medioambientales, dando prioridad a las inversiones en infraestructura sostenible, investigación y desarrollo, tecnología del clima y recursos renovables.
El nuevo contrato social tendría que establecer normas para garantizar un sector financiero regulado, sólido y transparente al servicio de la economía real, dedicando recursos extra a propósitos sociales y medioambientales, generados a partir de una mejor utilización de los fondos estructurales europeos, del Banco Europeo de Inversiones, de bonos para proyectos, y de un impuesto sobre transacciones financieras.
La propuesta de la CES propone también detener la presión de la UE para la liberalización de los servicios públicos que son responsabilidad nacional; salarios decentes para todos, contribuyendo al crecimiento y la demanda interna; y garantía para todos los jóvenes en Europa de oferta de un empleo decente, o de oportunidades de formación adecuada, en un plazo de cuatro meses a partir del momento en que se inscriben en el desempleo o de haber abandonado la escuela, además de medidas para mejorar la calidad de los puestos de trabajo y combatir el empleo precario; y luchar contra los abusos en la práctica del tiempo parcial, los contratos temporales y de duración determinada y políticas activas del mercado de trabajo incluyendo iniciativas para apoyar a las personas con pocos, o ningún vínculo con el mercado laboral.
Una fiscalidad gradual y redistributiva sobre los ingresos y la riqueza, y el fin de los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, el fraude fiscal, la corrupción y el trabajo no declarado; una actuación decidida contra la especulación; medidas eficaces para garantizar la igualdad salarial y la igualdad de derechos por un trabajo de igual valor para todos; la aplicación de los acuerdos colectivos para todos con independencia del tipo de contrato y políticas para terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, forman también parte de la propuesta de la CES.
Y, por último, que los salarios sigan siendo un tema nacional y se aborden según las prácticas y los sistemas de relaciones laborales nacionales y que las negociaciones entre los interlocutores sociales al nivel correspondiente sean el mejor instrumento para garantizar buenos salarios y condiciones de trabajo; que los salarios mínimos obligatorios, en aquellos países donde los sindicatos los consideren necesarios, y la armonización de la base imponible corporativa y los tipos mínimos de imposición para las empresas, posiblemente con la introducción de un tipo mínimo del 25%, el nivel impositivo medio actual en Europa, completan la iniciativa aprobada por el Comité Ejecutivo de la CES.