
En junio, Castilla y León redujo su inflación interanual en una décima, del 2,5% al 2,4%, pero sigue siendo la comunidad autónoma más inflacionista de España.
En junio, respecto al mes anterior, los precios se redujeron dos décimas tanto en Castilla y León como en España, impulsados por las bajadas del precio de los combustibles y del vestido. Sin embargo, se trata de una evolución marcada por el carácter estacional de la inflación.
El dato verdaderamente relevante es la inflación interanual: la variación respecto al mismo mes del año anterior. En junio, Castilla y León redujo su inflación interanual en una décima, pasando del 2,5% al 2,4%, mientras que en el conjunto de España se mantuvo en el 1,9%. Aunque es un dato positivo, Castilla y León cumple 28 meses consecutivos con una inflación mayor a la media nacional. La inflación en nuestra comunidad es, además, la más alta de España.
Las principales causas radican en los siguentes productos: el transporte y, en particular, el transporte privado, que por el encarecimiento de los combustibles ha incrementado su precio un 3,4% en Castilla y León, por un 2,2% en España; los consumos relacionados con la vivienda (que incluyen el alquiler, los suministros y la conservación de la misma), se encarecen en Castilla y León 7 décimas más que en el conjunto de España, destacando el aumento de precios de los suministros (que agrupan calefacción, electricidad y agua); y los alimentos y bebidas no alcohólicas, que se han encarecido un 2,5% en Castilla y León, por un 2,2% a nivel nacional.
Por provincias, Burgos (2,6%), Palencia (2,5%), Valladolid (2,5%), Ávila (2,4%), León (2,3%) y Salamanca (2,3%) se mantienen como las más inflacionistas de España en términos interanuales. Segovia (2,2%) y Zamora (2,1%) también están por encima de la media nacional, mientras sólo Soria queda algo por debajo (1,8%).
La inflación subyacente, que excluye del cómputo los precios de los alimentos no elaborados y los productos energéticos, repunta ligeramente tanto en Castilla y León, donde pasa del 1,4% al 1,5%, como en el conjunto de España, donde se incrementa del 1,1% al 1,3%.
El Gobierno de España ha emprendido una estrategia suicida para tratar de salir de la crisis mediante un shock denominado devaluación interna: pretenden provocar una brutal caída de los salarios y, con ello, de los precios, para tratar de lograr la mejora de la competitividad exterior, algo que ya no podemos hacer mediante la devaluación de la moneda, puesto que ya no tenemos moneda propia. Por supuesto, han empezado por los salarios.
Con los últimos datos de la Encuesta de Coste Laboral del INE, correspondientes al primer trimestre de 2012, los salarios reales en Castilla y León se han deteriorado más de un 3% en términos interanuales. Los salarios reales llevan cayendo fuertemente desde 2010 en Castilla y León y en el conjunto de España, porque los salarios nominales no crecen o, si lo hacen, crecen menos que los precios.
A esto hay que sumar la fuerte destrucción del empleo, a un ritmo superior al 2% anual en 2010 y 2011, que se está intensificando hasta el 4% en 2012. La productividad crece, porque cada vez hay menos trabajadores, pero los que quedan sacan adelante, cada uno de ellos, una mayor carga de trabajo. Los trabajadores que mantienen su empleo, además, ven reducido su salario real, porque la devaluación interna se traslada a sus nóminas, pero no a sus facturas: la feroz competencia laboral impulsa los salarios a la baja, pero no existe ningún mecanismo automático en el mercado ni ninguna política que impulse también los precios a la baja.
En consecuencia, en solo tres años, los trabajadores hemos perdido un 4% del reparto de una renta nacional que no crece; este 4% es lo mismo que ha crecido la parte que absorbe el excedente bruto empresarial que, en el primer trimestre de 2012, supera a la remuneración total de los asalariados por primera vez.
Estas políticas, en consecuencia, han servido para ofrecer una brutal transferencia de rentas de los trabajadores a los empresarios, por importe de casi 45 mil millones de euros a nivel nacional. Han servido, además, para recortar enormemente los derechos laborales y sociales. Pero no han servido ni servirán, en cambio, para salir de la crisis y crear empleo, porque están hundiendo cada vez más el consumo privado, en paralelo a los enormes recortes en el gasto y la inversión públicos. Y, en estas condiciones, el incremento del beneficio empresarial no se traduce en inversión productiva en una economía nacional que no ofrece ninguna perspectiva de negocio a corto y medio plazo.
Desde CCOO demandamos al gobierno de la nación y a la Junta que pongan freno de una vez a esta política económica injusta e ineficiente. Demandamos otras políticas económicas, que pasen por el freno a la caída continuada de los salarios reales y la máxima prioridad para la reactivación de la actividad económica y la creación de empleo. Para ello, se necesita una evolución equilibrada de la distribución factorial de la renta entre trabajadores y empresarios y una recuperación del consumo privado, impulsado por la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, acompañada también por la recuperación del gasto y la inversión públicos.