Una vez más nuestro sistema educativo vuelve a estar en el ojo del huracán a raíz del plan de reforma planteado por el nuevo equipo del Ministerio de Educación que encabeza José Ignacio Wert. Era lo previsible. El Partido Popular llevaba este plan de reformas en su programa electoral con el concurrió en las elecciones del pasado 20 de noviembre. Tras la reciente intervención del ministro en el Congreso de los Diputados para exponer las líneas maestras del Ministerio, discrepamos de algunas de sus manifestaciones, entre ellas aquella en la que dijo que «los recursos dedicados a la educación en nuestro país sean suficientes».
Los datos demuestran que acumulamos un déficit histórico de inversión en educación respecto a la media de nuestros socios europeos; a ese déficit se suman los recortes que se han venido produciendo en varias comunidades autónomas y que en la actualidad se están generalizando en todo el Estado.
En este escenario, para CCOO, resulta poco realista hablar de recursos suficientes. En el sindicato defendemos que los recursos humanos, el profesorado y el personal de apoyo educativo, son la clave para atender a la diversidad del alumnado y para conseguir una educación de calidad, y sin embargo, se están viendo progresivamente cercenados.
Cualquier modificación debe garantizar la calidad del servicio público educativo y la igualdad de oportunidades. Antes de dar cualquier paso, es preciso asegurarse de que la reforma cumplirá adecuadamente su principal objetivo en estos momentos, que es reducir las elevadas tasas de fracaso y abandono escolar prematuro del alumnado, preservando la equidad.
No obstante, como punto de partida, pensamos que la educación obligatoria debe ser común a todos los ciudadanos hasta los 16 años, con la necesaria opcionalidad y adaptación a la diversidad del alumnado y sin escatimar los recursos que la tarea educativa requiere.
En relación a los tres cursos del Bachillerato, aunque consideramos que la duración actual del Bachillerato es demasiado ajustada en tiempo respecto a los contenidos curriculares, su ampliación no debe hacerse a costa de cercenar una enseñanza obligatoria que, precisamente, debe ser reforzada en la actual sociedad del conocimiento. Por tanto, la posibilidad de ampliarlo debe hacerse a partir de los 16 años, dándole una mayor flexibilidad curricular y organizativa, de manera parecida a los nuevos estudios universitarios adaptados al proceso de Bolonia.
Lo que respecta la Formación Profesional, además de exigir una estabilidad normativa que contribuya a mejorar el prestigio de estas enseñanzas, es necesario trasformar la situación desfavorable de los ciclos formativos de Grado Medio en nuestro país respecto de nuestros socios europeos, incrementando con carácter urgente esta oferta formativa en el sistema educativo.
En el actual ambiente de recortes en la educación pública, una modificación en el sistema educativo resulta especialmente complicada y es una muestra más de la esquizofrenia del Gobierno, que mientras dice apostar por la recuperación económica, por otra sienta las bases para impedirlo o retrasarla, con su política de recortar la inversión pública. Si queremos llevar a buen puerto estas reformas es imprescindible contar con una plantilla de profesorado suficiente y preparada.
La congelación de la oferta de empleo público docente ocasionará en primer lugar un aumento significativo del número de alumnos en las aulas. Además mermarán los programas de apoyo y refuerzo, que se están llevando a cabo con el objetivo de reducir las elevadas tasas de fracaso escolar y abandono prematuro del sistema educativo. Todo ello sin contar con que las condiciones de trabajo del profesorado empeorarán al hallarse expuesto a un mayor estrés laboral.
También los servicios educativos y complementarios se ven perjudicados por los recortes, ya que muchos de éstos han pasado a prestarse a través de empresas privadas. En este sector han dejado de convocarse ofertas de empleo público, se rebajan los salarios y se generalizan las jornadas irregulares.
En cuanto a la situación de las universidades, no puede ser más preocupante. En algunas los recortes superan el 15% y otras reducen los salarios del profesorado asociado y están al límite en los pagos. Exigimos la negociación del Estatuto universitario y el cese definitivo de la política de recortes que se están llevando a cabo en algunas universidades. En este sentido venimos reclamando desde hace tiempo la convocatoria de la Mesa Sectorial de Universidades como foro donde poder abordar y negociar todas estas cuestiones laborales.
También y en relación con el anuncio de promover un Estatuto Docente y un nuevo sistema de acceso a la docencia, esperamos que el Ministerio de Educación aborde la negociación de ambos asuntos en la mesa sectorial, con los representantes legítimos del profesorado. A este respecto, recordamos que desde hace años se viene reclamando su negociación, a fin de sentar bases estables que dignifiquen la función de los profesionales de la educación y permitan ejercerla en las mejores condiciones.
En definitiva, sin recursos ninguna reforma podrá salir adelante y es imprescindible contar con una plantilla de profesorado suficiente y preparada para que pueda ser aplicada eficazmente. Además, la escuela pública debe tener prioridad en los recursos públicos porque es la que garantiza el derecho a la educación para todos
Por último, ni que decir tiene que el Ministerio y el Gobierno deben tener en cuenta a los legítimos representantes de los trabajadores de la educación, y a la comunidad educativa en general, ante la reforma que se pretende acometer. La enseñanza es un asunto de todos, no sólo de la Administración o del gobierno de turno.
La negociación colectiva debe ser el instrumento básico de relación entre el Ministerio de Educación y los representantes legítimos de los trabajadores ante cualquier propuesta o modificación que afecte al sistema educativo y las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, por eso, como estamos cansados de repetir, ninguna reforma educativa saldrá adelante con éxito sin el apoyo de los profesionales de la educación.
Secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO y miembro del comité ejecutivo mundial de la Educación