España: la educación y su “tijeretazo”

El año académico de España concluirá en las próximas semanas. Y lo hará en medio de la incertidumbre de cómo será el que viene -que comienza en septiembre- una vez que se apliquen los nuevos recortes que se han dispuesto desde el Gobierno.El último “tijeretazo” general que se ha ordenado para cumplir con los objetivos de déficit impuestos se cifra en al menos 3.700 millones de euros, los cuales se suman a otros recortes previos. Y entre las áreas más afectadas se encuentran aquellas que se habían vuelto el orgullo español de los últimos años: la salud y la educación pública.

En esta última área, habrá despidos, se sumarán horas cátedras a los profesores, se quitarán subsidios, se otorgarán menos becas y, sobre todo, subirán las tasas de las matrículas entre el 42% y el 131%. Sólo con esto último lo que se pretende es recaudar 1.760 millones de euros.

Las protestas se repiten desde que se anunciaron los primeros recortes, cuando todavía gobernaban José Luis Zapatero y el partido socialista (PSOE). Y quienes se oponen a los recortes en educación suelen manifestarse de manera recurrente vestidos con remeras verdes y pronunciando cantos como: “¿Qué pasa, qué pasa? Que nos suben las tasas”, “Somos estudiantes, no somos delincuentes”, “Educación pública sí, recortes no”.

La última protesta relevante fue la huelga a nivel nacional del 22 de mayo, que unió por primera vez a todos los sindicatos del sector. Allí quedó en evidencia la clara oposición del sector hacia el gobierno del Partido Popular. Incluso al día siguiente los rectores de las universidades, por primera vez en la historia, decidieron no acudir a la reunión del Consejo de Universidades, plantando así al ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Este funcionario se ha ganado el rechazo docente por su ferviente defensa de los recortes y por cuestionar el sistema nacional de estudios superiores. Según sus propias palabras: “Hay problemas del diseño. Ya no estamos hablando de un problema de recursos, sino de orientación”.

Los recortes también han venido a instalar la discusión sobre la calidad de la educación y en qué medida estos ajustes avivarán o solucionarán problemas como el abandono escolar (que en España es del 28,4 %) y el exceso de centros educativos: en el país hay 79 universidades (236 campus), 2.413 títulos de grado y 2.758 de máster. Y ninguna de ellas está en el ranking de las mejores 150 del mundo. Wert expresó: “Creo que nuestro problema no es tanto de número de universidades cuanto que todas esas universidades ofrecen de todo y no hay especialización. Se da por supuesto que todos los campus tienen que ofrecer de todo”.

Según Francisco J. Bastida, catedrático de Derecho Constitucional, no sólo hay que criticar los recortes a los presupuestos universitarios, sino que también hay que ver el problema de fondo de la educación: “El mayor error es pretender que toda la población tenga estudios universitarios. Como consecuencia, el nivel de exigencia de conocimientos para el acceso es mínimo y cada vez se amplía más el número de oficios que entran en la lista de titulaciones universitarias”.

Con él coincide, de alguna manera, María José Hernández Lloreda, profesora del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Para ella, como ha escrito en una columna mensual, “está claro que el problema de la financiación, que es el que está movilizando a la gente, es importante, la pérdida de puestos de trabajo para los implicados mucho más..., pero esa no es la reivindicación fundamental: la calidad”.

También se ha comparado a los recortes con el gasto que insume salvar a Bankia, el cuarto banco español, que pide un rescate de 19.000 millones de euros pero que se torna inevitable para salir del agujero financiero. Soledad Gallego Díaz, periodista del diario El País ha escrito que comprende la necesidad del saneamiento de Bankia, incluso en detrimento de la educación y la salud. Pero es a la falta de responsables adonde debería apuntar la protesta. “Que se pretenda hacerlo sin que el Parlamento investigue lo ocurrido es un escándalo, algo que merece la indignación pública”, afirmó.

Con este panorama cerrará en junio el año académico español que volverá a abrir en septiembre con menos presupuesto para las universidades, con precios más altos para sus estudiantes y con mayores exigencias.