La nueva ley de Tasas Judiciales, tramitada con el carácter de urgencia ante las Cortes Generales comienza a aplicarse desde el lunes 17 de diciembre.La norma, tramitada con el carácter de urgencia ante las Cortes Generales comienza a aplicarse desde el lunes 17 de diciembre, tras la publicación el sábado 15 diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que regula el procedimiento de liquidación y cobro.
Hasta ahora solo pagaban tasas las empresas con más de ocho millones al año de facturación ahora todos los ciudadanos que hagan uso de la justicia las tendrán que abonar. La nueva ley contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas y los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.
Las tasas, sin embargo, no se aplicarán a todos los pleitos: están exentos los penales (que suponen el 70% del total), la primera instancia de lo social, las demandas por deudas inferiores a 2.000 euros y algunos asuntos de civil referidos a menores o derechos fundamentales. Tampoco pagarán quienes tengan derecho a justicia gratuita (actualmente, familias con ingresos totales inferiores a 15.000 euros brutos al año).
Así, las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En fase de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos órdenes.
El orden Social contempla un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo. El Congreso modificó levemente el proyecto original al eximir a los trabajadores del pago del 60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en lo Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros.
Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario.
EXENCIONES
La medida ha contado con el rechazo de un amplio sector judicial. Asociaciones de abogados, jueces y fiscales han exigido al presidente del Gobierno que se siente a negociar debido al "fracaso" de las negociaciones con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
