Viernes, 08 Junio 2012 11:16
El Gobierno negociará la supresión de los días 'moscosos' de los funcionarios
Objetivo: asemejar el régimen del empleo público con el privado. El Gobierno niega que estudie este proyecto. El Gobierno quiere suprimir los famosos 'moscosos', los seis días libres de los que disfrutan los funcionarios en España para dedicarlos a sus asuntos propios. Esta medida se incluirá en la reforma de la Ley de la Función Pública que probablemente se presente la próxima semana, aseguraron fuentes del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El objetivo es que el régimen de los empleados públicos se asemeje lo más posible al de los trabajadores privados, con la excepción del despido.
El Ejecutivo ya amplió el horario de los funcionarios de 35 a 37,5 horas semanales. Otras condiciones de trabajo, como la movilidad funcional interna estarán recogidas en la reforma.
El Gobierno, sin embargo, no tocará el sueldo de los funcionarios, aunque no se descarta la introducción de incentivos, porque considera que de otra manera no puede tener una administración pública razonablemente motivada.
En cuanto a la inamovilidad en el empleo, pese a la acusada tendencia europea a su desaparición, el Gobierno estima que la mayoría de los funcionarios han superado un examen de oposición y "merecen un respeto".
Los 'moscosos' fueron creados en diciembre de 1983 por Javier Moscoso, ministro de la Presidencia del primer gobierno de Felipe González. El término entró en el avance de la 23º edición del diccionario de la RAE como una voz coloquial cuyo significado es "un día de permiso de libre disposición que tienen pactado ciertos colectivos de trabajadores y funcionarios".
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aseguró en un comunicado que "no tiene ningún proyecto para suprimir los llamados 'moscosos'" y que llevará a cabo "la reforma básica de la función pública en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión Nacional de Administración Local".
La reforma, continúa el escrito, "se abordará con los sindicatos, las CCAA y las corporaciones locales al objeto de respetar y garantizar los derechos fundamentales de la función pública y a su vez mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos".
