El Gobierno desactiva la Ley de Dependencia con el recorte de más del 50% de la financiación estatal

Pese a que el Gobierno no lo ha hecho público en nuestro país, CCOO denuncia que la página web del Ministerio de Economía para inversores extranjeros cifra el recorte de la Ley de Dependencia en 1.300 millones de euros anuales, lo que supondrá no sólo la paralización de la Ley, sino su desactivación práctica. El recorte lo aplicarán tanto el Estado central por un importe de 867 millones de euros como las CCAA con 527 millones de euros.

Con el nuevo Plan de recortes recogido en el Real Decreto-ley 20/2012, cientos de miles de personas en situación de dependencia no accederán de manera efectiva a un servicio, ni recibirán una prestación económica hasta 2016. Por otra parte, a las personas ya atendidas se les aplicará el “menos por más”: reducción de cobertura protectora y mayor copago.

Dentro del Real Decreto-ley 20/2010, el gobierno ha iniciado unilateralmente una regresiva Reforma del Sistema de Atención a la Dependencia, que anula sustancialmente el alcance del derecho de atención a la dependencia establecido en la Ley estatal y rompe el consenso democrático que obtuvo en su día, al aprobarse con un 95’4 % de apoyo parlamentario y ser precedida por un Acuerdo de Diálogo Social y un gran apoyo de colectivos sociales y profesionales.

Según CCOO, a las personas con dependencia moderada directamente se les niega el derecho a acceder a cualquier servicio o prestación económica hasta julio de 2015, aunque en la práctica podrá alargarse hasta enero de 2016, dados los 6 meses de retroactividad del derecho desde su solicitud. En estos momentos son casi 260.000 las personas afectadas, las cuales ya tienen el grado de dependencia moderada reconocido y hasta dentro de tres años no empezará a disponer de ningún tipo de protección social.

Por otra parte, las más de 750.000 personas hoy atendidas por el Sistema de protección a la dependencia y las que con dependencia severa o gran dependencia puedan ir incorporándose, también se verán negativamente afectadas por esta Reforma tanto en lo referido a reducción de coberturas como al incremento del copago que tendrán que realizar.

Las personas que dispongan u opten por la prestación económica de cuidado familiar, verán reducida su cuantía en un 15%; además, no percibirán dicho importe durante los dos próximos años. Pasados éstos, el devengo del pago atrasado podría realizarse a plazos durante ocho años, si se mantienen las condiciones actuales, lo que está fuera de toda lógica y constituye una auténtica burla a las personas.

Finalmente, CCOO cree que con respecto a las personas que ya disponen u opten por servicios de proximidad, verán reducidas el total de horas de servicio de ayuda a domicilio a que tenían derecho (hasta 20 horas); no habrá ningún tipo de financiación para pagar el transporte para el traslado entre el domicilio y los centros de día y de noche. Se incompatibilizan estos servicios (Servicio de Ayuda a Domicilio y Centro de Día), cuando la realidad evidencia su complementariedad en muchas situaciones. Y en ambos casos se ha incrementado el copago tanto al endurecer los criterios para determinar la capacidad económica de los usuarios, como al ampliar el máximo a pagar, que anteriormente se situaba en el 65% del coste del servicio y ahora se sitúa en el 90% de dicho coste.