El Gobierno debilita el sistema público de pensiones y los mecanismo de protección social

Respecto a las jubilaciones anticipadas, Carlos Bravo ha recordado que la última vez que se reguló esta cuestión fue tan sólo "hace un año", por lo que no le parece "razonable" introducir "modificaciones sobre algo que ni siquiera ha entrado en vigor".

De igual modo, ha explicado que lo que pretende el Gobierno en relación a la sostenibilidad de las pensiones, según lo que dedujo de las palabras de Báñez, es "implantar en España elementos de ajuste automático de las pensiones vinculados a la esperanza de vida", algo que es "diferente a lo que se acordó el año pasado". Además, ha querido recordar al Ejecutivo que la esperanza de vida "está descendiendo" en España.

En esta línea, Bravo ha cuestionado que, como afirmó este jueves la ministra de Empleo, estos planes se vayan a diseñar con "el mayor consenso político y social", porque, en su opinión, las actuaciones del Gobierno "se alejan de ese modelo", de ahí que le conceda "poca credibilidad" a esas palabras. "De nada sirven sus declaraciones de defensa del sistema de pensiones cuando su comportamiento va en dirección contraria", ha aseverado en ese sentido.

Por otro lado, el responsable de Seguridad Social y Previsión Social de CCOO ha criticado algunas de las últimas medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno la pasada semana, ya que, a su juicio, "debilitan el sistema público de pensiones y los mecanismo de protección social en este país en un momento en el que son más necesarios que nunca".

En concreto, se ha referido, entre otras, a la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes, la reducción de la protección social de los desempleados mayores de 52 años o la "transferencia a los desempleados de la obligación de cotizar la totalidad de la cuota de la Seguridad Social", como ejemplos de medidas que "ya afectan a los ingresos del sistema".

Para Bravo, estas decisiones sobre las pensiones "se enmarcan en la política general del PP junto a la reforma laboral, los ajustes presupuestarios, la reducción de costes salariales y de las cotizaciones sociales de las empresas y un largo etcétera que empobrecen a la ciudadanía, exigiendo un sacrificio a la mayoría de la población sin mecanismos que compensen y protejan de esas desigualdades cada vez mayores". Así, ha atribuido al Gobierno la pretensión de lograr que España sea "más competitiva trabajando más tiempo por menos dinero, exigiendo un sacrificio a la mayoría de la población. "Se reducen salarios y las cotizaciones sociales sin que exista un control de los beneficios empresariales ni de los salarios de directivos, ni tampoco de los precios; esto genera una grave situación de falta de equidad y equilibrio social que recae sobre los trabajadores de este país", concluyó.