El Consejo Europeo es incapaz de gobernar la Unión Europea

A los 20 meses de iniciarse la crisis de las finanzas públicas griegas y después de que el plan de rescate, aprobado en la reunión del ECOFIN del 9 de mayo de 2010, haya resultado un completo fracaso, la Cumbre del Consejo no ha cambiado de rumbo ni ha adoptado ninguna resolución al respecto. Espera a que el Parlamento griego apruebe la próxima semana el nuevo plan de ajuste impuesto por la troika (Comisión Europea, BCE y FMI) y se volverá a reunir, de modo extraordinario, el domingo 3 de julio para decidir si aprueba o no la concesión de los préstamos de un segundo plan de rescate (110.000 millones de euros hasta 2015). El nuevo plan de ajuste de Grecia suma 78.000 millones de euros hasta 2015: 50.000 millones en privatizaciones y 28.000 millones en reducciones de gasto y subidas de impuestos. Los recortes de gasto provendrán de la disminución, en 150.000 efectivos, de las plantillas de empleados públicos, nuevos recortes de sus retribuciones (con aumento de jornada de 37,5 a 40 horas semanales), recortes en las pensiones públicas y disminución de otros gastos sociales y, por primera vez, de los abultados gastos en defensa. Los contenidos de este nuevo plan de ajuste producirán muy probablemente los mismos efectos que el anterior: caída de la demanda interna y del crecimiento y aumento del paro, factores que obstaculizarán en gran medida el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público. Las centrales sindicales griegas, GSEE y ADEDY, han convocado una nueva huelga general los días 28 y 29 de junio, coincidente con el debate de aprobación del plan en el Parlamento griego.

La no adopción, por parte de la Cumbre, de medidas creíbles que pudiesen alejar a Grecia de la suspensión de pagos y sacarla de la profunda recesión inducida por el primer plan de ajuste, ha provocado nuevos ataques especulativos a las posiciones de la deuda y a los valores bursátiles de varios países europeos, entre ellos España e Italia, en un contexto de nuevos datos que arrojan incertidumbre sobre el crecimiento económico en Japón, EE UU e, incluso, China.

El Consejo dio el visto bueno a las decisiones y valoraciones adoptadas en las últimas reuniones del ECOFIN y del Eurogrupo sobre los programas de estabilidad y convergencia y los programas nacionales de reforma -que configuran el llamado semestre europeo- y sobre el Pacto por el euro plus. Entre las que quedaban pendientes, se aprobó la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que sustituirá al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) a partir de 2013, y que requiere la modificación del Tratado de Lisboa. La disponibilidad efectiva de fondos del FEEF se ha elevado a 450.000 millones de euros y el MEDE la tendrá de 500.000 millones.

CC OO y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) han expresado su completo rechazo del Pacto por el euro plus y del Plan de gobernanza económica -cuyos reglamentos y directivas de aplicación serán debatidos por el Parlamento Europeo a primeros de julio-, la última vez en la Jornada de acción europea de los días 21 y 22 de junio. Concebidos casi exclusivamente para controlar la reducción de los déficits y la deuda públicos, en un corto espacio de tiempo, las medidas para lograrlo son la reducción de salarios, pensiones y prestaciones sociales y el debilitamiento de la negociación colectiva. La recuperación del crecimiento y la creación de empleo, en una Europa con 23 millones de parados, no son objetivos principales o, erróneamente, se supeditan al logro del equilibrio fiscal.

El Consejo Europeo ha aceptado que la libre circulación de personas establecida entre los 29 países que han suscrito el Tratado de Shengen (25 de ellos de la UE) pueda ser limitada, mediante el restablecimiento de controles fronterizos, por decisión de los Estados afectados por "una situación auténticamente grave", de acuerdo con unos criterios que deberá elaborar la Comisión. De hecho ya lo hizo Francia cuando Italia recibió 38.000 refugiados procedentes de Libia. Este número supone el 2% de la cifra de 1.800.000 personas que han abandonado Libia. La inmensa mayoría de las mismas fueron a Túnez y Egipto, países mucho más pobres que los de la UE y afectados de serios problemas económicos en medio de sus procesos de construcción de sistemas democráticos. La decisión de la Cumbre del Consejo supone un serio retroceso en uno de los pilares de la construcción europea y simboliza a una UE más preocupada por las consecuencias migratorias de las revoluciones democráticas árabes que por el apoyo decidido a su consolidación.

Tiene una gran importancia, real y simbólica, que el Consejo haya elegido como sustituto de Trichet en la presidencia del BCE al actual gobernador del Banco de Italia, Mario Draghi. Sobre todo porque Draghi fue vicepresidente (para Europa) de Goldman Sachs, entre 2002 y 2006, época en la que el banco estadounidense urdió con el gobierno conservador griego operaciones de ingeniería financiera para ocultar el déficit real de las cuentas públicas griegas, al tiempo que destacaba como institución financiera puntera en la inundación de los mercados financieros con los productos tóxicos que crearon la burbuja especulativa cuyo estallido generó la gravísima crisis que todavía padecemos. Estas credenciales deberían haber bastado para excluirle de cualquier candidatura a presidir el BCE, que debe defender los intereses públicos y generales. Sin embargo, para unos gobernantes tan conservadores y miopes como los que hoy gobiernan la UE eso parece carecer de importancia. No importa el trasvase de altos ejecutivos financieros, marcados negativamente en su trayectoria, a la dirección del BCE. No importa ya ni la imagen de colusión entre los intereses privados de quienes produjeron la crisis y la dirección del BCE.