El cambio del modelo de financiación de la universidad supondrá una nueva subida del precio de las matrículas

Según información remitida por los medios de comunicación, por primera vez se reunió la comisión mixta Gobierno-Universidades para hablar sobre la futura reforma del sistema universitario, la tercera desde la democracia. Parece que debatirán, entre otras cuestiones, el documento “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”, elaborado en febrero por una comisión de expertos designada por el ministro.

Ante la inminente reforma de la universidad, y con independencia de la creación del grupo del trabajo propuesto por el Ministerio, pedimos la convocatoria de la Mesa Sectorial de Universidad, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV de Estatuto Básico de los Empleados Públicos que regula nuestro “derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional”. La Mesa Sectorial de Universidad es el foro en el que ha de negociarse cualquier reforma que afecte al sistema universitario español.

Según se recoge en el Plan Nacional de Reformas 2013 aprobado por el gobierno recientemente, antes de finalizar el año el Ministerio presentará una propuesta de reforma de la legislación universitaria que pretende aprobar durante el segundo trimestre del próximo año. El gobierno ha comprometido con la UE una reforma del sistema universitario español antes de finalizar el próximo curso. Sin embargo, Educación insiste en la necesidad de que la reforma se realice con calma y con consenso, algo manifiestamente imposible con unos plazos de entrega pactos de espaldas a la comunidad universitaria y sin la convocatoria de la Mesa Sectorial de Universidad. Esto que ya ocurrió a finales de junio del año pasado, cuando José Ignacio Wert anunció la reforma de la Ley Orgánica de Educación, que, en un tiempo récord y sin contar con el clamor de la calle, ha comenzado su trámite parlamentario.

Además, PNV, CiU y PP han acordado recientemente en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) relativa a la financiación de las Universidades Públicas que insta al Gobierno a que “de acuerdo con las Universidades y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, inicie un proceso de análisis encaminado a garantizar la autofinanciación de las Universidades Públicas”.

Una autofinanciación que, según se plantea, supondrá un nuevo incremento del precio de las matrículas porque propone nuevamente que los precios públicos se establezcan en función de los costes universitarios reales de un alumno en función de la titulación que estudie.

En la Proposición No de Ley se propone que sea la Conferencia General de Política Universitaria la que establezca las tasas de acuerdo con el análisis de costes reales efectuados. Al final de la propuesta se añade un párrafo referido a la igualdad de oportunidades y la equidad en acceso a la educación que lograremos mediante un sistema general de becas ajustado a costes reales, haciendo un uso óptimo de los recursos disponibles aplicando criterios de rendimiento académico junto a los criterios de renta y patrimonio y condiciones socioeconómicas. Es decir, se vuelve a plantear incrementar las matrículas mientras que la política de becas, a pesar de lo que se dice, no cumple con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, ni la equidad en el acceso porque descienden globalmente los fondos destinados a becas, un 14,6% en dos años, y se endurecen los requisitos académicos.

Ante esta situación, es urgente la convocatoria de la Mesa Sectorial de Universidades.