Contra la amenaza de privatización de la universidad

La disminución de los recursos públicos, los recortes en investigación y el difícil encaje de la oferta formativa con las necesidades del mundo laboral han agravado la crisis de nuestras universidades públicas. Muchas de ellas padecen problemas presupuestarios como consecuencia de la insuficiente financiación que les vienen suministrando los gobiernos de sus comunidades autónomas.

Mientras éstos aprueban nuevas titulaciones, ofertan más plazas universitarias, crean centros u organismos de investigación dependientes total o parcialmente de las universidades públicas, se reduce la inversión en éstas. En resumidas cuentas, la creciente actividad que registran nuestras universidades no se corresponde en absoluto con los recursos que se invierten en ellas.

Esta situación se ve agravada por el incremento de las tasas universitarias y los recortes inauditos en las becas y ayudas al estudio que dificultarán el acceso a la universidad de miles de jóvenes que no podrán cursar los estudios que desean por no disponer de los medios económicos necesarios para costeárselos. Con ello se infringe el principio de igualdad de oportunidades en el que se fundamenta nuestro sistema educativo y que en los últimos treinta años nos ha permitido abrir las universidades a toda la población, sin que la renta familiar sea un límite insuperable.

Para colmo, el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, de suspensión de contratos y reducción de jornada en las administraciones públicas alegando causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, afectará directamente a las universidades públicas. Este Reglamento abre la puerta al despido masivo de las plantillas de éstas. Ya en los últimos cursos, numerosas universidades han reducido las plantillas en los colectivos de los funcionarios interinos, profesores asociados, ayudantes, ayudantes doctores e investigadores.

El colectivo de los profesores asociados ha sido el más afectado por los recortes. De hecho hay universidades donde casi han desaparecido. Muchos de estos son lo que denominamos coloquialmente falsos tiempos parciales, o sea, docentes que trabajan a tiempo completo y cobran como tiempos parciales. En el mejor de los casos trabajan todo el día en la universidad por unos 500 euros.

Pero lo perverso del decreto es que cualquier Gobierno podrá aplicar un ERE en las universidades simplemente reduciendo su presupuesto, independientemente de las necesidades sociales y sin tener en cuenta los criterios académicos. Las causas técnicas y organizativas que se aleguen pueden consistir en la reducción de títulos. Con la reducción de estos, también se puede acabar en un proceso de despido colectivo.

En este contexto adverso, el Gobierno ha encargado a una comisión de expertos un informe para reformar el actual modelo universitario que deberá estar listo en diciembre. El documento deberá contemplar una alternativa al actual modelo de gobernanza de las universidades, lo que seguramente se traducirá en una propuesta para cambiar el actual sistema de financiación universitaria, los órganos de gobierno y la forma de contratar al profesorado y al personal que trabaja en los centros de educación superior.

Cataluña ha sido la primera comunidad autónoma en la que se ha planteado una reforma del modelo de universidad que incluye una propuesta diferente de la actual para elegir a los rectores, la eliminación de la representación estudiantil en los órganos de gobierno, el reforzamiento de la inversión privada y la reducción progresiva de la plantilla de profesores funcionarios. Mucho nos tememos que el cambio que proponga el Ministerio vaya en esta dirección y que, por cierto, se parece bastante a la reforma que pretende en el sistema no universitario.

Las directrices de esta reforma son asfixiar la participación y la democracia interna, reforzar la dependencia de la universidad de la empresa privada, externalizar servicios, apartar al alumnado de las decisiones que adopten los órganos de gobierno, suprimir los Consejos Sociales y adelgazar la inversión pública en la educación superior, a favor de la privada. La subida de tasas y la reducción de becas apuntan en esa dirección. Se trata de forzar un proceso de privatización de la universidad cuyo efecto inmediato será que sólo puedan acceder a ella los hijos de familias pudientes. Deberíamos exigir responsabilidades a todos aquellos que han conseguido que finalmente que el Proceso de Bolonia se haya convertido en una auténtica pesadilla y que el Personal Docente e Investigador haya derrochado horas y horas en un trabajo inmenso en planificar, preparar y ejecutar estudios, que ahora resulta que son excesivos y no deberían haberse creado nunca. Sólo en el curso 2010-2011 se impartieron clases en 2.413 grados y2.758 másteres.

La investigación, además de haber sufrido un recorte presupuestario desmesurado en materia de I+D+i, cabe esperar que con el reglamento aprobado por el Gobierno algunos entes o centros de investigación acaben desapareciendo, con la consecuente pérdida para la ciencia y el futuro de nuestro país. De este modo las ciencias básicas y los estudios humanísticos se adentran en una situación de riesgo, por las dificultades de conseguir financiación propia.

La Federación de Enseñanza de CCOO se opone radicalmente a una reforma del sistema universitario como la que se pretende, ya que con ello se privatizará un servicio público como la universidad, después de eliminar de su actual modelo de gobernanza los mecanismos de participación democráticas que hacen que la universidad y la sociedad caminen del brazo.