
La regulación de la relación laboral y la equiparación de la protección social de las personas empleadas en el hogar familiar con el resto de los trabajadores son dos acuerdos que "pasado algún tiempo serán calificados de históricos". Con estas palabras ha querido el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, resaltar la importancia de las reformas que afectan al trabajo doméstico, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, que esta tarde ha presentado en rueda de prensa, junto con su homólogo de UGT, Cándido Méndez, y el Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
Las reformas por las que se integra el Régimen Especial de Empleadas de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social y se regula la relación laboral de este colectivo son "un paso trascendental", en opinión de Toxo, que ha recordado que el acuerdo entre Gobierno y sindicatos es consecuencia directa del Acuerdo Social y Económico firmado en febrero pasado
"Los sindicatos hemos trabajado desde 1985 - fecha de la última modificación - para lograr este acuerdo que "moderniza unas relaciones impropias del siglo XXI, y que beneficiará a las mujeres e inmigrantes", el colectivo de personas mayoritariamente empleado en el trabajo doméstico.
En parecidos términos se refirieron a las reformas tanto Cándido Méndez como el Ministro de Trabajo, Valeriano Méndez, quien previamente había hecho una explicación detallada del contenido de las reformas.
Según señaló el secretario general de CCOO, con estos dos acuerdos se espera conseguir tres efectos: mejores pensiones y prestaciones; mayores ingresos para la Seguridad Social y un refuerzo de la protección social.
En este sentido, Toxo indicó que el empleo doméstico engloba a unas 700.000 personas, de las que menos de la mitad, sólo 270.000, están dadas de alta como empleadas. Así, confía en que con las reformas "emergerá trabajo irregular y mejorará la protección y los derechos de las trabajadoras y trabajadores".
Por último, el secretario general de CCOO declaró, que si bien las reformas supondrán un impulso al empleo y a la protección social, es consciente de que supondrán un coste para los empleadores, en este caso, las familias, por lo que pidió a Gobierno que la nueva regulación legal se acompañe de medidas de apoyo en forma de desgravaciones fiscales u otras.