Denuncian que en la actualidad no se cuenta con ningún Plan de Prevención de Riesgos Laborales (tras la sentencia anulatoria del TSJ) ni con Servicio de Prevención Propio.
Exigen a la Junta que negocie los temas que afectan a la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras de la JCyL y la creación de la Mesa general de negociación de Salud Laboral, como exige el Estatuto Básico del Empleado Público.

