CCOO valora el avance de la jurisdicción social de la Dependencia

"Solo 1 de cada 10 solicitantes es dictaminado sin derecho a la atención, por lo que no es cierto que la dependencia pueda colapsar los juzgados de lo social por una alta litigiosidad".

CCOO valora los avances derivados de la inclusión parcial de las enmiendas promovidas por este sindicato en la tramitación en el Congreso de la Ley de la Jurisdicción Social a la hora de establecer ésta como competente para dirimir los posibles conflictos en la aplicación de la Ley de Dependencia. La Comisión de Justicia del Congreso ha rectificado el informe inicial de la ponencia y ha incluido en el proyecto de ley finalmente remitido al Senado, y que publica hoy el Boletín de las Cortes Generales, que dentro de la jurisdicción de lo social entrarán "las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia".

Se trata sin duda de un avance muy importante que ha venido siendo reclamado entre otros por CCOO y que es justo valorar ya que con ello se está reconociendo que el derecho a la protección de la dependencia encuentra la misma consideración legal que el resto de prestaciones del sistema público de protección social tales como las pensiones, el desempleo o las prestaciones sanitarias.

No obstante, a juicio de CCOO no debe escapar el detalle de que el proyecto de ley mantenga una limitación muy grave respecto de la entrada en vigor de esta medida. A juicio de Rosana Costa, Secretaria Confederal de Política Social de CCOO, "no es de recibo que la aplicación práctica de lo regulado en la ley esté condicionada a la aprobación de una ley adicional dentro de 3 años", tal y como establece la Disposición final séptima del proyecto de ley remitido al Senado. Este requisito adicional para garantizar la entrada en vigor resulta, en opinión de CCOO, cuando menos de una clara inseguridad jurídica y por tanto el sindicato mantendrá su propuesta de que se corrija en el Senado esta circunstancia y se garantice la entrada en vigor de la norma en un plazo razonable y cierto.

Ante los argumentos esgrimidos por algunas partes para justificar esta moratoria en un posible colapso de los juzgados de lo social por una alta litigiosidad en la dependencia, Rosana Costa defiende que "no es cierto que la dependencia pueda llevar al colapso a los juzgados de lo social, ya que los ciudadanos están ejerciendo su derecho con mucha prudencia y sólo 1 de cada 10 personas que han solicitado atención han sido dictaminadas sin derecho a ello". Por tanto, dice Costa, "no es probable que vaya a existir un elevado nivel de litigiosidad ya que actualmente, con más de 1 millón de personas reconocidas con derecho a ser beneficiarias, si verdaderamente hubiese un problema de litigiosidad generalizado ya se habría producido". Al contrario, los ciudadanos están siendo muy conscientes de la situación actual y pese al evidente retraso de la aplicación de la Ley los pocos conflictos que se han registrado se encuentran muy localizados y responden a casos de vulneración de derechos muy graves que en todo caso son excepcionales en el conjunto del Sistema de Dependencia.