
CCOO califica de "ocurrencia" la iniciativa del Gobierno de facilitar la autorización de residencia a aquellos extranjeros que adquieran una vivienda. Para CCOO, el Gobierno cuestiona la presencia de los trabajadores extranjeros y dificulta su acceso a derechos fundamentales (por ejemplo, la sanidad), en función de su situación en España, mientras que ahora facilita la llegada de extranjeros "ricos", independientemente del origen de su riqueza, sin necesidad de que tengan que acreditar sus medios de vida.
CCOO, a la espera de la propuesta final que se haga al respecto el Gobierno, manifiesta:
1.- La medida - de confirmarse- no puede sino calificarse de ocurrencia y dice muy poco del rigor y la seriedad de un Gobierno en un contexto como el de España en estos momentos.
2.- Tal medida confirma la "política de clase" del Gobierno del PP en tanto que -por un lado- cuestiona la presencia de los trabajadores extranjeros y dificulta el acceso a derechos fundamentales por parte de los mismos (por ejemplo, la sanidad), en función de su situación en España, y -por otro- facilita ahora la llegada de extranjeros "ricos", independientemente del origen de su riqueza, sin necesidad de que tengan que acreditar sus medios de vida.
3.- La propuesta supone un giro en la política de inmigración en España, la cual se vinculaba al mercado de trabajo y a la posibilidad de inserción laboral del trabajador extranjero: precisamente dicha inserción laboral facilita su integración social y viabiliza su autorización a residir en España. Con la nueva propuesta se permitirá el acceso al estatuto de legalidad en territorio español (con lo que ello conlleva de acceso a al sistema sanitario, educativo, etc.) a extranjeros, vinculando su residencia legal sólo a la adquisición de una vivienda, sin que se les exija contribuir en aspecto alguno en territorio español (trabajo, cotizaciones, fiscalidad, etc.)
4.- Resaltar que -precisamente- los trabajadores extranjeros que vinieron a España en momentos de crecimiento económico y reclamados por cientos de empresarios españoles con la anuencia de los sucesivos Gobiernos, se ven ahora afectados por la crisis no sólo en términos laborales y económicos como el resto de trabajadores sino en términos legales y de documentación, puesto que miles de inmigrantes al no poder trabajar - pese a llevar viviendo en España varios años legalmente con sus familias- no puede renovar sus autorizaciones y se ven forzados bien a un retorno involuntario y traumático a sus países de origen bien abocados a la irregularidad (con lo que conlleva de explotación laboral y exclusión social) o bien a ser expulsados de España.
5.- Asimismo muchas de las familias desahuciadas por no poder hacer frente a las hipotecas abusivas son de origen extranjero, por lo que se da la diabólica paradoja de que al mismo tiempo que se esté dejando en la calle por motivos económicos a extranjeros asentados en territorio español, mientras se facilite la residencia de aquellos extranjeros con capacidad económica que compren - precisamente- muchas de esas viviendas desahuciadas.
6.- Señalar que la medida - nuevamente- beneficia a los bancos y a las inmobiliarias, en cuanto grandes poseedores del stock de viviendas disponibles, pero en modo alguno beneficia a los trabajadores ni españoles ni extranjeros, toda vez que al ser excedente de viviendas no se va a generar ningún empleo al no haber construcción y simplemente facilita su venta por aquellos que especularon en su día con ellas o engordaron hipotecas abusivas.
7.- Denunciar que dicha propuesta no ha sido comunicada a través de los mecanismos legales de participación específicos de extranjería y migración laboral con los agentes sociales.
Nuevamente CCOO quiere reiterar una llamada a la cordura y a la sensatez del Gobierno, evitando ocurrencias que pueden afectar al marco de convivencia de la sociedad española.