La Junta de Castilla y León “ha condicionado” la financiación universitaria a que las instituciones agoten la vía judicial, negando los complementos retributivos autonómicos al Personal Docente e Investigador (PDI) contratado temporalmente.
La Federación de Enseñanza de CCOO CyL cuestiona la decisión de las cuatro universidades públicas de la comunidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que reconoce el derecho del PDI contratado temporalmente a percibir los mismos Complementos Retributivos Autonómicos que el PDI laboral fijo.
El sindicato exige a las universidades que ejerzan su autonomía y a la Junta de Castilla y León que cumpla sus obligaciones legales, y advierte de que no está dispuesto a aceptar que la situación de discriminación hacia el profesorado temporal continúe por condicionamientos económicos o políticos.
Uno de los máximos representantes universitarios reconoció en una reunión de su Consejo de Gobierno que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León “ha condicionado” la financiación del coste de la sentencia a que las universidades recurran hasta la última instancia judicial. En otras palabras: si las instituciones no recurren, no reciben el dinero para aplicar el fallo.
“Esta actuación implica un secuestro de la autonomía universitaria con la complicidad de los equipos de gobierno de los rectorados, en una acción que el sindicato califica de injerencia política inadmisible en la gestión del personal universitario”, según explica Julio Serrano, adjunto de la secretaria de universidades de CCOO CyL
Esta situación no es un hecho aislado, sino la expresión de una decisión política consciente y sostenida por parte del Gobierno regional para no cumplir con las obligaciones que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) le impone. La norma estatal obliga a las comunidades autónomas a elaborar una programación plurianual de financiación universitaria que incluya, entre otros aspectos, los gastos de personal y los planes de estabilización de plantillas. La Junta, según denuncia el sindicato, incumple sistemáticamente este mandato legal.
El sindicato señala que la inacción de la Junta no se limita a la financiación también se manifiesta en la falta de desarrollo del cuarto complemento autonómico y en su injerencia en la negociación del III Convenio Colectivo del PDI contratado, interfiriendo reiteradamente en procesos que corresponden a la autonomía universitaria y a la negociación colectiva.
La Federación de Enseñanza de CCOO CyL ha expresado su confianza en que el Tribunal Supremo confirme la sentencia, ya sea declarándola firme o inadmitiendo el recurso de casación. La resolución recurrida es “justa y correcta en derecho”, y que el tiempo dará la razón al profesorado temporal que ha venido siendo discriminado en su retribución frente a compañeros con idéntica labor docente e investigadora.
Las universidades deben ejercer su autonomía con plena independencia y la Junta de Castilla y León debe cumplir sus obligaciones legales, financiar adecuadamente el sistema universitario público y dejar de interferir en decisiones que no le corresponden.
