CCOO demanda más empleo y de mayor calidad para crear una sociedad más justa e igualitaria

La tasa de actividad femenina, de 52,60%, es 15,12 puntos porcentuales inferior a la de los varones. Las mujeres calificadas estadísticamente como inactivas, el 47,4%, no perciben, en su mayoría, ningún tipo de pensión o, si las reciben, son de tipo asistencial. Las mujeres continúan siendo minoría en el empleo, el 41,66%, mientras que los varones suponen el 54,21%, el 12,55% más, a pesar de ser las mujeres quieres presentan un mayor nivel formativo, ya que representan el 60% de la población con titulación superior.

Asimismo, la incidencia del desempleo continúa siendo superior entre las mujeres; durante los dos últimos años el paro femenino ha superado el 20% (20,79%), y son mayoría entre los desempleados de larga duración. Caracteriza al paro femenino su estructuralidad y su especial incidencia en dos grupos de edades: las mujeres mayores de 45 años y las menores de 30; este último colectivo presenta una tasa de paro del 40 %. Los trabajadores varones, por efecto de la destrucción de empleo en la construcción y la industria, han sido los más damnificados, alcanzado tasas del 19,95% de paro en los dos últimos años.

Las condiciones laborales de las trabajadoras contienen importantes factores de desigualdad. Los contratos a tiempo parcial recaen sobre las mujeres en un 83% del total y están asociados a empleos de baja cualificación, menor salario, menor cotización a la Seguridad Social y menores oportunidades de promoción. Tampoco se traducen en mejoras en la adecuación de los tiempos de trabajo y de atención familiar, porque las mujeres no optan a ellos voluntariamente, sino por falta de otras oportunidades. El contrato a tiempo parcial, en definitiva, es uno de los más importantes factores de desigualdad laboral y retributiva en España, por su precarización y segregación.

La brecha salarial de género, estimada es del 27%, está presente en todos los sectores y en todas las ocupaciones. La discriminación salarial por razón de género se traslada a las prestaciones por desempleo y a las pensiones, produciéndose también una importante brecha en la protección social.

La segregación ocupacional y sectorial por razón de género representa una de las principales desigualdades que, junto al carácter estacional e intensivo en mano de obra de nuestro mercado laboral, lo convierte en un mercado dual, por sexo-género y por las condiciones laborales.

Desde el inicio de los primeros efectos de la crisis, CCOO ha defendido que lo más importante y prioritario es la protección a las personas, especialmente las más vulnerables, entre las que se encuentran las mujeres, y ha demandado medidas que requieren una importante inversión pública para que la ciudadanía y sus gentes más vulnerables no fuesen los receptores principales de los daños de la crisis, pero el Gobierno español no sólo no ha atendido estas demandas sindicales y sociales, sino que ha aceptado las presiones del mercado y ha optado por el recorte presupuestario para la reducción del déficit fiscal, objetivo que ha abordado sólo desde el lado de la reducción de gastos, por lo que este sacrificio de ahorro ha recaído sobre la ciudadanía, que nada ha tenido que ver en el origen de la crisis.

Los directamente perjudicados han sido las personas jubiladas, al congelarse sus pensiones, y las empleadas y empleados públicos, al rebajarse y congelarse sus salarios. Asimismo, el Gobierno ha suspendido la ampliación del permiso de paternidad hasta las cuatro semanas y ha eliminado parte de la financiación destinada a la atención de las personas en situación de dependencia. Las mujeres son el colectivo que va a realizar mayores sacrificios por la disminución de sus prestaciones y salarios; presentan peor situación y peor pronóstico tanto por tener las pensiones más bajas y los salarios inferiores como por ser, mayoritariamente, y por efecto del rol de género, las cuidadoras de las personas dependientes. Las mujeres, con dobles y triples jornadas (empleo o trabajo productivo, cuidados o trabajo reproductivo...) han compensado con su sobrecarga de trabajo la histórica insuficiencia de los servicios que conforman el débil modelo de estado de bienestar en nuestro país, en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia.