CCOO critica la renuncia del Gobierno a controlar la obligación de las CC.AA. de co-financiar el Sistema de Dependencia

El proyecto de presupuestos que ha presentado el Gobierno presenta un recorte de 283 millones para la atención a la dependencia, sin embargo no se trata solo de una merma de recursos. Esta cantidad corresponde a la aportación que el Estado hace al "Nivel Acordado de financiación", uno de los tres niveles que configura el Modelo de financiación de este sistema de protección.

El recorte que plantea el gobierno en su proyecto de presupuestos, en realidad es también la ruptura del modelo de financiación, lo que en la práctica supondrá:

- El incumplimiento del gobierno central de un compromiso de financiación que le corresponde por ley, ya que desaparece completamente el nivel acordado de financiación.

- La renuncia del gobierno a exigir el compromiso de co-financiación de las CCAA mediante los correspondientes Convenios que desarrollan este nivel de financiación.

- Renuncia del gobierno a hacer transparentes los compromisos anuales de financiación de las administraciones, que durante estos años se han conocido a través de la publicación oficial de dichos convenios realizados entre la Administración General y las CC.AA.

- La renuncia del gobierno a utilizar los Convenios como instrumento que permite orientar y comprometer el gasto en las CCAA, para garantizar la suficiencia de prestaciones y el ejercicio efectivo del derecho subjetivo de atención a las personas en situación de dependencia.

- Supondrá la desaparición del incentivo que actualmente tienen las CCAA para incrementar el número de beneficiarios de las prestaciones de dependencia, ya que este fondo se distribuía únicamente teniendo en cuenta los beneficiarios efectivamente atendidos. Por tanto, es probable que se incremente el número de personas que aún teniendo derecho a estar atendidos sin embargo continúan en "lista de espera" para acceder a una prestación.

En opinión de Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO, este Gobierno acumula decisiones que lesionan los derechos sociales de las personas en situación de dependencia. Primero fue demorar un año el calendario de aplicación de la ley, ahora permitiendo que las CC.AA no se obliguen financieramente en la continuidad de la aplicación de la ley.

Hace escasamente dos meses la Ministra Mato, ofrecía un Pacto por los servicios sociales, y desde entonces su gobierno modifica unilateralmente e incumple una ley que fue consensuada social y políticamente, que además ha permitido ampliar la cobertura de protección a cientos de miles de personas en situación de dependencia y que ha creado 195.000 nuevos empleos en tres años.

Para CCOO no es de extrañar la pérdida de credibilidad de un gobierno que se empeña en ganar la confianza de los mercados, mientras da la espalda a las personas. Recortar el gasto social en atención a la dependencia, es renunciar a la creación de 200.000 nuevos puestos de trabajo estables y renunciar a los importantes retornos económicos que la realización de este gasto social comporta para las arcas públicas.