CCOO considera inaceptable que la Atención a la Dependencia se convierta en un derecho de ‘quita y pon’

El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, modifica la Ley de Dependencia 39/2006, de 14 de diciembre, estableciendo la moratoria de un año para la incorporación de las personas con grado de dependencia moderada.

En opinión de CCOO, la nueva redacción implicará hacer de diferente condición a las personas dependientes de Grado I nivel 2, en función de cuándo hayan sido valoradas, antes o después de la entrada en vigor del RD-Ley 20/2011 (1 de enero de 2012), lo que resulta inadmisible por cuanto quiebra el principio de igualdad de acceso al derecho, máxime cuando en algunos territorios existe un evidente retraso en los plazos de valoración de la dependencia, que en ningún caso pueden ser imputables a las personas en situación de dependencia. Igualmente, supondrá un retraso en un año (ahora a partir de 2014) en la implantación de las coberturas establecidas para los dependientes de Grado I nivel 1. Al instrumentalizar el Sistema de Atención a la Dependencia para la reducción del gasto público, CCOO cree que no se respeta el derecho subjetivo legamente reconocido. Recortar servicios y prestaciones de protección a la dependencia se aleja de las políticas a favor de las familias, de las personas con discapacidad y de los mayores que el gobierno ha comprometido como prioritarias.

Por otro lado, es incomprensible, afirma CCOO, que pese a los evidentes resultados positivos que presenta la puesta en marcha del SAAD con más de 190.000 nuevos empleos generados desde 2009 hasta hoy, y ante los retos que ha de afrontar la implantación del Sistema de Dependencia ( más de un 30% de beneficiarios con derecho reconocido sin prestación efectiva, elevadísimo volumen de prestaciones económicas, lagunas en el Sistema de Información, establecimiento de las condiciones básicas del Régimen de Concierto, desequilibrio financiero entre los diferentes tipos de prestaciones y servicios, desarrollo de la Estrategia de calidad del Sistema etc.), la única medida que proponga el Gobierno sea la paralización de la implantación del Sistema de Dependencia. Es un error que el Gobierno entienda el Sistema de Dependencia como un mero “gasto” –en cualquier caso imprescindible- y no como una verdadera “inversión” para la reactivación económica y creación de empleo y haga recaer los ajustes en el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de dependencia.

La Ley Estatal mandata llevar a cabo la Evaluación de resultados en el ecuador de su aplicación. Por ello, CCOO emplaza al gobierno para que convoque los órganos consultivos, de participación y de concertación vigentes a fin de articular las iniciativas y medidas que hagan posible la continuidad y mejora de la implantación del sistema de protección a la dependencia, promoviendo un nuevo Acuerdo que obtenga alto grado de consenso social y político, similar al que concitó la promulgación de la Ley.