La Secretaría de Estado de Educación ha convocado subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro destinadas a centros sostenidos con fondos públicos para prestar tareas de apoyo educativo, lo que supondría el deterioro y sustitución del empleo público por otro de peor calidad y con menos derechos.
La Federación de Enseñanza de CCOO considera que la utilización de personal privado en centros públicos constituiría una usurpación de funciones por personas que, dada su modalidad de contratación (a través de empresas privadas, no reúnen los requisitos para llevar a cabo estas tareas en centro públicos.
Con la excusa de garantizar el derecho al apoyo educativo al alumnado que presenta necesidades educativas especiales contenido en la LOE (por tener dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por sus condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado), la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades ha convocado, mediante una resolución, subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para el curso escolar 2013-2014, destinadas a centros sostenidos con fondos públicos. Es decir, que esta resolución podría tener como resultado que los centros públicos se vieran obligados a utilizar este “servicio” ante los recortes impuestos por el gobierno en plantillas de orientadores y equipos psicopedagógicos.
En la actualidad, el alumnado con necesidades educativas especiales es atendido en los centros públicos por profesorado con una alta cualificación profesional y presta servicios de contrastada calidad.
La utilización de personal privado en centros públicos, además del deterioro y sustitución del empleo público por otro de peor calidad y con menos derechos, constituiría, a juicio de la Federación de Enseñanza de CCOO, una usurpación de funciones por personas que, dada su modalidad de contratación (a través de empresas privadas) no reúnen los requisitos para llevar a cabo estas tareas en centro públicos. Tampoco garantizaría los principios de igualdad, mérito, publicidad y capacidad necesarios para desempeñar funciones en el sector público. En todo caso, de producirse la intrusión de este personal en los centros públicos, nuestro sindicato recurrirá una por una todas esas actuaciones, por entender que contravienen la legalidad.
