La tasa de abandono educativo temprano (AET) ha experimentado una ligera reducción global en 2025, pasando del 12,98% al 12,80%. Sin embargo, esta mejora esconde una realidad profundamente desigual. Mientras que la población autóctona ha reducido su tasa en 0,61 puntos porcentuales, el alumnado de origen migrante y en situación de vulnerabilidad social ha visto incrementarse el abandono en 1,08 puntos. Esta brecha evidencia que el sistema educativo sigue sin garantizar el derecho efectivo a una educación de calidad, equitativa e inclusiva para toda la población.
El abandono educativo temprano mide el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no continúan estudios postobligatorios ni están formándose, un indicador clave para evaluar la calidad de los sistemas educativos y su capacidad de garantizar la inclusión social y laboral. Las recomendaciones internacionales sitúan este indicador por debajo del 9% como umbral necesario para evitar situaciones de exclusión. En este contexto, mantener una tasa del 12,80% supone un fracaso colectivo, pero que golpea con mayor dureza a quienes parten de posiciones sociales más frágiles.
Los datos son claros: las personas jóvenes de origen migrante representan ya aproximadamente un tercio del total del alumnado en situación de AET, cerca de 150.000 jóvenes. Aunque su presencia en el sistema educativo ha aumentado de forma notable en los últimos años, este crecimiento no ha ido acompañado de políticas suficientes de inclusión, apoyo y compensación de desigualdades. El resultado es una segregación escolar persistente que expulsa del sistema educativo a una parte importante del alumnado vulnerable, especialmente en las etapas postobligatorias.
En la última década se ha producido una reducción significativa del abandono educativo en el conjunto del Estado, pero esta mejora no ha sido equitativa. Mientras la tasa de la población autóctona se ha reducido de forma intensa, la del alumnado de origen migrante lo ha hecho mucho más lentamente, ampliándose la distancia entre ambos grupos, especialmente en los últimos cuatro años. Hoy, la tasa de AET del alumnado de origen migrante triplica la de la población autóctona, una situación inaceptable en un sistema educativo supuestamente garante de la igualdad de oportunidades.
Desde CCOO Enseñanza denunciamos que esta desigualdad no es fruto del azar, sino de decisiones políticas que han permitido la segregación escolar y la falta de recursos suficientes en los centros que escolarizan a alumnado vulnerable. Por ello, exigimos a las administraciones educativas que asuman su responsabilidad y sitúen la reducción del AET como una prioridad real. Garantizar el derecho a la educación implica actuar sobre las causas estructurales de la desigualdad y asegurar que nadie quede fuera del sistema por su origen social o migrante.
Aquí tenéis el documento disponible, con una veintena de propuestas concretas por parte de CCOO.
