Miércoles, 29 Noviembre 2017 13:39

Representantes del profesorado, familias y estudiantes muestran su rechazo a las pruebas de 4º de la ESO

Ante el debate en el Consejo Escolar del Estado para hacer el preceptivo informe al proyecto de orden ministerial por la que se regulan las tres pruebas de la evaluación final de la ESO para el curso 2017/2018.

 

Consejo Escolar del Estado.Los representantes de CCOO, UGT, STEs, CEAPA y Sindicato de Estudiantes en el Consejo Escolar del Estado denuncian que existen muchos motivos por los que estas pruebas deben ser rechazadas de forma frontal.

 

De forma resumida:

- El alumnado pierde su derecho a aprender, cambiándoselo por un simple derecho a estudiar.

- Se centran en determinadas áreas (matemáticas, lengua, geografía e idiomas), que se denominan instrumentales, y se prescinde de otras (artísticas, deportivas,...) que en realidad son igualmente importantes pero que, para quienes promueven este tipo de pruebas, son de segunda categoría.

- Aunque se justifican por la intención de evaluar por competencias, en realidad miden principalmente conocimientos.

- Son una foto fija que se realiza en un momento determinado, obviando el proceso seguido, la mejora conseguida, las características personales del alumnado y sus diferentes ritmos de aprendizaje y maduración.

- Se lanza un mensaje de desprestigio del profesorado, al desconfiar abiertamente de su labor y, en especial, de la evaluación que éste realiza.

- Los docentes se convierten en meros preparadores de pruebas externas, dejando de enseñar y sucumbiendo a la función de instruir.

- Estandarizan la evaluación para cerrar los currículos, abocando a que se estudie sólo aquello que se evaluará.

- Se centran, como hace la LOMCE, en intentar subir los resultados académicos encorsetando las prácticas educativas y el ejercicio de la función docente, limitando su autonomía.

- Este tipo de pruebas estandarizadas intentan perpetuar el aprendizaje memorístico y descontextualizado.

- En ocasiones se refieren a partes del currículo que aún no han sido impartidas por el profesorado, por haber decidido una distribución temporal diversa, en uso de su autonomía.

- La presencia de estas pruebas en muchos países se remonta a varias décadas y no se ha traducido precisamente en resultados positivos para el alumnado, ha sido justamente al contrario.

- Los estudios demuestran que los recursos empleados en las pruebas estandarizadas no han logrado mejoras en los sistemas educativos, al contrario, se han observado efectos negativos.

- Se cuestionan seriamente este tipo de pruebas por sus habituales defectos técnicos.

- Se coloca a los centros educativos en ranking absurdos que intentan conseguir que determinado tipo de centros, los públicos, salgan perjudicados.

- Su formato no está orientado, como debe hacerse, en generar un círculo de mejora constante.La evaluación debe tener una función formativa, de ayuda al aprendizaje, y este tipo de pruebas no tienen este enfoque.

- Se centra todo en competir, en perder o ganar, con lo que se busca seleccionar al alumnado, segregarlo en base a valores prefijados de corte neoliberal.

- Se incrementa el gasto en el sistema educativo para pagar las facturas de las entidades privadas a las que se le encargan este tipo de pruebas.

 

Respecto del contenido de la propia Orden:

Además de lo ya expresado, la norma que nos ocupa no respeta ni tan siquiera el marco legal vigente incorporando cuestiones en su contenido que lo modifican de forma ilegal, con independencia de que hayan sido negociadas con las Comunidades Autónomas, como así se argumenta por los responsables del MECD.

 

En todo caso, dicha nueva configuración hace imposible que estas pruebas sean comparables entre las diferentes Comunidades Autónomas, por lo que ni tan siquiera podrán servir para intentar obtener un diagnóstico del sistema educativo español de ninguna forma. La absoluta discrecionalidad que la norma introduce para que cada Comunidad Autónoma haga “lo que le venga en gana” con dichas pruebas, hace que éstas pierdan cualquier mínimo sentido que pudieran haber tenido en algún momento y, por tanto, solo servirán para gastar fondos públicos que deberían ser implementados en otras cuestiones realmente importantes y para que cada Administración educativa intente dar forma a la prueba que realice de manera que los resultados caminen en el sentido que desean antes de hacerlas.

 

Es decir, la norma actual colabora en institucionalizar la inutilidad de dichas pruebas.

 

Por todo lo anterior, rechaza la tramitación de esta Orden ministerial y exige la retirada de la misma por parte del MECD.

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