La Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y de los Servicios Públicos, de la que forma parte CCOO, rechaza esta medida y entiende que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Gobierno de España tienen que presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley y paralizar su ejecución porque invade competencias del Estado y pone en grave peligro a la salud de un sector muy importante de la población.