El Estatuto que recoge la adecuación de la Función Pública al Estado autonómico tal como dispone el título VIII de la Constitución; el compromiso de reducir la temporalidad en las Administraciones, y el derecho a la negociación colectiva para los empleados públicos, una de las reivindicaciones históricas de CC.OO.
Aprobado el Estatuto Básico del Empleado Público. El Congreso de los Diputados ha aprobado, en el Pleno celebrado el 29 de marzo, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), con el voto favorable de todos los partidos políticos a excepción del PP. Su entrada en vigor está prevista para el mes de abril.Tras diversas etapas en que terminaba quedando aparcado en un cajón, en esta última ha llegado, por fin, a buen puerto. Han sido dos años de negociaciones que han culminado, cumpliendo los plazos previstos, con la aprobación de la norma que regulará las condiciones de trabajo de todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas.Para CC.OO. es una satisfacción por lo que significa y porque el resultado ha tenido la colaboración del sindicato en un trabajo constante y comprometido con el que ha aportado importantes modificaciones al texto final. A través de intensas reuniones con los diferentes grupos parlamentarios, CC.OO. ha introducido una serie de enmiendas que han mejorado la redacción final del Estatuto.De entre las enmiendas CC.OO. destaca el reconocimiento de la jubilación parcial, la incorporación de las medidas previstas en la Ley de Igualdad, el refuerzo de las garantías en la evaluación del desempeño, y que toda discriminación por razón de sexo será considerada falta.Con la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público se cumple el mandato constitucional de dotar de un marco jurídico estable al personal al servicio de las Administraciones. El Estatuto será clave en la modernización de la Administración, en la consecución de unos servicios públicos de calidad, y en mejorar las condiciones de trabajo de todos los empleados públicos.Un Estatuto que recoge la adecuación de la Función Pública al Estado autonómico tal como dispone el título VIII de la Constitución; el compromiso de reducir la temporalidad en las Administraciones, y el derecho a la negociación colectiva para los empleados públicos, una de las reivindicaciones históricas de CC.OO.
