El gobierno del PP, verdadero “pozo sin fondo” en lo que a recortes y privatizaciones se refiere, anunció, al principio del verano, como que no quiere la cosa, que nos fuéramos preparando para un nuevo “latigazo” en nuestros derechos y condiciones laborales y, más que probablemente, también, en nuestros bolsillos. Con la impertinente excusa de la “racionalización del gasto” valoraban como medidas posibles para alcanzar el objetivo del déficit, nuevos recortes en los servicios públicos, a los que esperaría una nueva vuelta de tuerca: ajuste en las partidas de becas para comedor y libros, reorganización de rutas y precios en el transporte escolar, incremento de jornada laboral, aumento en un 10% de la ratio en las aulas, reducción del 10% del complemento específico, adecuación de la jubilación al régimen general, etc..
Por otro lado, y en tiempos “de crisis” el Partido Popular tuvo la necesidad imperiosa de modificar una ley educativa que en nada mejorará el proceso de aprendizaje del alumnado, ni la participación de la comunidad educativa en el propio sistema educativo, ni las condiciones laborales del profesorado; más bien va a servir para que se cierre el círculo de la privatización y la consolidación del papel en la enseñanza de la Iglesia Católica, con un lento pero continuo camino hacia la equiparación de unas/os trabajadores con un convenio colectivo laboral a otro con un estatuto básico del empleado público y que simboliza el encumbramiento de una asignatura como la religión en un Estado aconfesional. El objetivo es consolidar un modelo social en el que la educación pública sea una política subsidiaria de la privada, en el que se cercene la atención a la diversidad en las aulas y en el que se favorezca la llegada de generaciones de mano de obra barata y servil.
Ley Educativa que se gesta sin ningún, y decimos ningún, consenso con la comunidad educativa y sin ni tan siquiera presentar una memoria económica que garantice la posibilidad de aplicar semejante engendro de una forma adecuada.
En Castilla y León la Consejería de Educación sigue, a distancia, los mismos pasos que sus jefes estatales; poco a poco van estructurando un modelo educativo, que nos presentan como gentilmente dialogante y sobre el que se hace una abrumadora campaña propagandística en los medios de comunicación, pero en el que los datos se presentan de manera tan sesgada e incompleta que impiden hacer, de forma seria, el necesario balance de la situación de la educación en nuestra Comunidad.
El año 2012, cuando los recortes se hicieron más brutales, la Consejería aseguró apostar por el empleo, aunque ello supusiera la merma hasta casi la desaparición (como más adelante pudimos comprobar) del presupuesto para infraestructuras y sostenimiento de los centros. Recorte al que se unió el de becas y ayudas, tanto en los libros como en los comedores escolares, y ello precisamente en un momento en el que las familias se asfixiaban en el lodo de las reformas laborales y de otra índole al que este gobierno nos estaba sometiendo. Sin embargo la reducción en ayudas e infraestructuras no impidió, finalmente, un recorte brutal en el número de profesores, que, ahora, aunque no va a más, parece que se consolida.
Y de aquellos barros vienen estos lodos: los centros educativos han pasado de los 115 millones de € gastados en 2009 a 18 millones de € presupuestados en 2014. Esa inversión hace imposible mantenerlos en las condiciones que la propia ley exige y, por supuesto, en las necesarias para dotar de estabilidad y calidad a nuestra educación: no es posible disfrutar de un agradable ambiente de estudio en un aula sin calefacción y con goteras.
La Consejería ha anunciado próximas inversiones en obras de nueva construcción, imprescindibles en un año electoral, y tras tres años de sequia (los centros se le quedan pequeños porque, aunque disminuye el número de profesoras/es, aumenta el alumnado), destinando 45 millones de aquí a 2018. La Federación de Enseñanza de CCOO entiende que anunciar dicho presupuesto de forma triunfalista es una broma de mal gusto, pues supone, ni más ni menos, que continuar con la misma e insuficiente financiación que venimos denunciando en los últimos 4 años y que ha provocado que muchos barrios de nueva creación, y pueblos que han crecido alrededor de las ciudades, hayan visto imposibilitada la construcción de los centros educativos que el crecimiento demográfico hacía necesario. Si la Consejería de Educación sigue invirtiendo en infraestructuras a este ritmo, es decir, 18 millones de € anuales, multiplicados por 4 años nos da un montante de 72 millones de €. Si a los 72 millones le quitamos los 45 millones para obra nueva observamos que quedarán 27 millones para obras de reforma y mantenimiento, que divididos en los 4 años suponen 6,75 millones cada año. Si este año se han gastado 7,2 millones en reformar 200 centros educativos, la conclusión es que ni llegará el presupuesto para el resto y que habrá centros que verán pasar los años sin posibilidad de mejora alguna.
Para finalizar, hablemos de empleo; a falta de contabilizar los últimos datos sobre empleo que se producirán a lo largo del mes de septiembre, y según el estudio realizado por la Federación de Enseñanza de CCOO, los derroteros por los que ha caminado el empleo del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de Castilla y León en los últimos 3 años no son precisamente los comprometidos por el Consejero de Educación.
De los 26.673 profesoras/es en 2011 hemos pasado a 24.997 en 2014 (cifra que han comprometido también en este curso 14-15), es decir, 1.676 docentes menos (recordemos que, por el contrario, el número de alumnas/os ha seguido aumentando). Sin embargo, para el curso entrante, a falta como decimos de los últimos datos de adjudicación de vacantes de curso completo emanadas en septiembre y que no han sido adjudicadas en el proceso previo, nos encontramos con un ligero incremento en el profesorado interino respecto al curso pasado; de los 3.454 interinas/os del curso pasado (de las/os cuales 1.270 lo eran a jornada parcial) hemos pasado para el curso entrante a 4.130 (de las/os cuales 1.388 lo son a jornada parcial). El incremento viene derivado de las jubilaciones que se han producido en el curso pasado, algunas de las cuales sí serán cubiertas este curso.
La mala noticia viene, sin embargo, por el lado de la precariedad; como ocurre en el resto de sectores productivos, nos vemos avocados a la inestabilidad y temporalidad en nuestros puestos de trabajo. Del compromiso de una tasa de interinidad de en torno al 5% que firmamos con la Consejería, pasamos a una del 17% (porcentaje que sin duda se verá incrementado cuando se cierren los procesos en curso). En resumen, más de lo mismo, empleo precario, inestable y temporal, cuando lo que se necesita, como viene demandando la Federación de Enseñanza de CCOO, para paliar esta situación es una Oferta de Empleo Público suficiente. Ya está bien de lanzar la pelota contra el tejado de Europa y escudarse en que “no es posible la inaplicación de la tasa del 10% de reposición”, cuando de todas/os es conocido que en este sector el alumnado y las aulas permanecen en el tiempo y en el espacio, y cuando la Administración sabe de sobra que la tasa de reposición en Educación no genera ahorro alguno, pues lo mismo le cuesta el profesorado interino que el funcionario de carrera.
En conclusión, nos espera un curso con más tensión e incertidumbre, si cabe, de la que hemos “padecido” las/os trabajadores de la enseñanza en los tres años anteriores. Es seguro que su profesionalidad, dedicación y buen hacer permitirá que las aulas funcionen, pero esta situación tiene que cambiar, no es admisible que la Consejería se aproveche de la responsabilidad de las/os docentes para no invertir en Educación. Ya lo decía Juan José Mateos “la Educación es una aventura de futuro, con una mirada a medio y largo plazo, y en la cual las discontinuidades afectan de manera negativa a la eficacia del sistema”, estamos seguras/os que quien vive esa aventura no esperaba que se tornara un verdadero “Juego de Tronos” en el que impere la ley del sálvese el que pueda.
Por todo ello y si no hay rectificación, la respuesta de la Comunidad Educativa se llevará a cabo, que no lo dude el PP, al que más le valdría asumir, de una vez, la dimisión en bloque, llevándose con él al peor Ministro de Educación de toda la Historia.
Elena Fernández Gutiérrez
Sec. General
Federación de Enseñanza de CCOO
Castilla y León
Por otro lado, y en tiempos “de crisis” el Partido Popular tuvo la necesidad imperiosa de modificar una ley educativa que en nada mejorará el proceso de aprendizaje del alumnado, ni la participación de la comunidad educativa en el propio sistema educativo, ni las condiciones laborales del profesorado; más bien va a servir para que se cierre el círculo de la privatización y la consolidación del papel en la enseñanza de la Iglesia Católica, con un lento pero continuo camino hacia la equiparación de unas/os trabajadores con un convenio colectivo laboral a otro con un estatuto básico del empleado público y que simboliza el encumbramiento de una asignatura como la religión en un Estado aconfesional. El objetivo es consolidar un modelo social en el que la educación pública sea una política subsidiaria de la privada, en el que se cercene la atención a la diversidad en las aulas y en el que se favorezca la llegada de generaciones de mano de obra barata y servil.
Ley Educativa que se gesta sin ningún, y decimos ningún, consenso con la comunidad educativa y sin ni tan siquiera presentar una memoria económica que garantice la posibilidad de aplicar semejante engendro de una forma adecuada.
En Castilla y León la Consejería de Educación sigue, a distancia, los mismos pasos que sus jefes estatales; poco a poco van estructurando un modelo educativo, que nos presentan como gentilmente dialogante y sobre el que se hace una abrumadora campaña propagandística en los medios de comunicación, pero en el que los datos se presentan de manera tan sesgada e incompleta que impiden hacer, de forma seria, el necesario balance de la situación de la educación en nuestra Comunidad.
El año 2012, cuando los recortes se hicieron más brutales, la Consejería aseguró apostar por el empleo, aunque ello supusiera la merma hasta casi la desaparición (como más adelante pudimos comprobar) del presupuesto para infraestructuras y sostenimiento de los centros. Recorte al que se unió el de becas y ayudas, tanto en los libros como en los comedores escolares, y ello precisamente en un momento en el que las familias se asfixiaban en el lodo de las reformas laborales y de otra índole al que este gobierno nos estaba sometiendo. Sin embargo la reducción en ayudas e infraestructuras no impidió, finalmente, un recorte brutal en el número de profesores, que, ahora, aunque no va a más, parece que se consolida.
Y de aquellos barros vienen estos lodos: los centros educativos han pasado de los 115 millones de € gastados en 2009 a 18 millones de € presupuestados en 2014. Esa inversión hace imposible mantenerlos en las condiciones que la propia ley exige y, por supuesto, en las necesarias para dotar de estabilidad y calidad a nuestra educación: no es posible disfrutar de un agradable ambiente de estudio en un aula sin calefacción y con goteras.
La Consejería ha anunciado próximas inversiones en obras de nueva construcción, imprescindibles en un año electoral, y tras tres años de sequia (los centros se le quedan pequeños porque, aunque disminuye el número de profesoras/es, aumenta el alumnado), destinando 45 millones de aquí a 2018. La Federación de Enseñanza de CCOO entiende que anunciar dicho presupuesto de forma triunfalista es una broma de mal gusto, pues supone, ni más ni menos, que continuar con la misma e insuficiente financiación que venimos denunciando en los últimos 4 años y que ha provocado que muchos barrios de nueva creación, y pueblos que han crecido alrededor de las ciudades, hayan visto imposibilitada la construcción de los centros educativos que el crecimiento demográfico hacía necesario. Si la Consejería de Educación sigue invirtiendo en infraestructuras a este ritmo, es decir, 18 millones de € anuales, multiplicados por 4 años nos da un montante de 72 millones de €. Si a los 72 millones le quitamos los 45 millones para obra nueva observamos que quedarán 27 millones para obras de reforma y mantenimiento, que divididos en los 4 años suponen 6,75 millones cada año. Si este año se han gastado 7,2 millones en reformar 200 centros educativos, la conclusión es que ni llegará el presupuesto para el resto y que habrá centros que verán pasar los años sin posibilidad de mejora alguna.
Para finalizar, hablemos de empleo; a falta de contabilizar los últimos datos sobre empleo que se producirán a lo largo del mes de septiembre, y según el estudio realizado por la Federación de Enseñanza de CCOO, los derroteros por los que ha caminado el empleo del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de Castilla y León en los últimos 3 años no son precisamente los comprometidos por el Consejero de Educación.
De los 26.673 profesoras/es en 2011 hemos pasado a 24.997 en 2014 (cifra que han comprometido también en este curso 14-15), es decir, 1.676 docentes menos (recordemos que, por el contrario, el número de alumnas/os ha seguido aumentando). Sin embargo, para el curso entrante, a falta como decimos de los últimos datos de adjudicación de vacantes de curso completo emanadas en septiembre y que no han sido adjudicadas en el proceso previo, nos encontramos con un ligero incremento en el profesorado interino respecto al curso pasado; de los 3.454 interinas/os del curso pasado (de las/os cuales 1.270 lo eran a jornada parcial) hemos pasado para el curso entrante a 4.130 (de las/os cuales 1.388 lo son a jornada parcial). El incremento viene derivado de las jubilaciones que se han producido en el curso pasado, algunas de las cuales sí serán cubiertas este curso.
La mala noticia viene, sin embargo, por el lado de la precariedad; como ocurre en el resto de sectores productivos, nos vemos avocados a la inestabilidad y temporalidad en nuestros puestos de trabajo. Del compromiso de una tasa de interinidad de en torno al 5% que firmamos con la Consejería, pasamos a una del 17% (porcentaje que sin duda se verá incrementado cuando se cierren los procesos en curso). En resumen, más de lo mismo, empleo precario, inestable y temporal, cuando lo que se necesita, como viene demandando la Federación de Enseñanza de CCOO, para paliar esta situación es una Oferta de Empleo Público suficiente. Ya está bien de lanzar la pelota contra el tejado de Europa y escudarse en que “no es posible la inaplicación de la tasa del 10% de reposición”, cuando de todas/os es conocido que en este sector el alumnado y las aulas permanecen en el tiempo y en el espacio, y cuando la Administración sabe de sobra que la tasa de reposición en Educación no genera ahorro alguno, pues lo mismo le cuesta el profesorado interino que el funcionario de carrera.
En conclusión, nos espera un curso con más tensión e incertidumbre, si cabe, de la que hemos “padecido” las/os trabajadores de la enseñanza en los tres años anteriores. Es seguro que su profesionalidad, dedicación y buen hacer permitirá que las aulas funcionen, pero esta situación tiene que cambiar, no es admisible que la Consejería se aproveche de la responsabilidad de las/os docentes para no invertir en Educación. Ya lo decía Juan José Mateos “la Educación es una aventura de futuro, con una mirada a medio y largo plazo, y en la cual las discontinuidades afectan de manera negativa a la eficacia del sistema”, estamos seguras/os que quien vive esa aventura no esperaba que se tornara un verdadero “Juego de Tronos” en el que impere la ley del sálvese el que pueda.
Por todo ello y si no hay rectificación, la respuesta de la Comunidad Educativa se llevará a cabo, que no lo dude el PP, al que más le valdría asumir, de una vez, la dimisión en bloque, llevándose con él al peor Ministro de Educación de toda la Historia.
Elena Fernández Gutiérrez
Sec. General
Federación de Enseñanza de CCOO
Castilla y León
