La Federación de Enseñanza de CCOO cree que la gestión pública de los comedores escolares podría paliar parte de los problemas de malnutrición en los escolares de la Comunidad
El último informe de Cáritas ha señalado que España es el segundo país de la UE con una tasa más alta de pobreza infantil. Sólo nos supera Rumania. Ese repentino aumento de la pobreza, consecuencia del expolio social, ha provocado que, en estos momentos, dos millones y medio de niños y niñas de nuestro país tengan graves problemas de malnutrición.
En Castilla y León, la penuria económica ha hecho disminuir, en los dos últimos años, el número de comensales de nuestros comedores escolares en un 7%, mientras el coste de los mismos para la Junta crecía en torno al millón de euros, de12,8 millones en 2011-2012 a 13,9 de 2013-2014, a pesar de haber disminuido el número de becas y aumentado el precio que pagan los usuarios (Castilla y León es la cuarta comunidad con los comedores más caros, según un estudio de CEAPA).
Además, según un estudio de Eroski, la calidad dietética de los menús escolares analizados en Valladolid era solo 'aceptable', empeorando considerablemente la valoración lograda en un estudio similar elaborado en 2008 (que fue 'muy bien').
La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que dicho deterioro y el aumento del capítulo correspondiente en el Presupuesto regional se debe, precisamente, a la decisión de la Consejería de Educación de privatizar los comedores escolares en el curso 2008-2009, traspasando la gestión a empresas que buscaban, con ello, aumentar su tasa de beneficios y optaron, para reducir costes, por un sistema de catering, con transporte en caliente, que deteriora las cualidades nutricionales de dichos alimentos.
Frente a ese panorama de pobreza y malnutrición, diferentes ONGs (Banco de Alimentos, Cruz, Roja o Cáritas) han intentado paliar las carencias de las familias, de forma directa, y organizado desayunos o meriendas escolares en los centros educativos de zonas empobrecidas de las ciudades, lo que implica sustituido un derecho (a la alimentación) por un modelo de caridad y beneficencia, propio de otros tiempos.
Además, dichas ONGs sólo disponen de productos de larga duración, y no de alimentos frescos como frutas, verduras, carne, pescado o huevos. Trasladar productos frescos hasta el local de la ONG, y de ahí al consumidor necesita un camión frigorífico, que nadie costea, por lo que dichos alimentos terminan siendo desperdiciados por los posibles donantes. Por otra parte, en el menú de los comedores privatizados escasean las verduras frescas y abundan los productos industriales frente a, por ejemplo, hamburguesas elaboradas con carne picada de la carnicería local y preparada por el personal de la cocina en el propio colegio.
Todo ello abunda en una situación ya existente en las familias, que pueden consumir las calorías necesarias, o incluso estar pasándose, pero, por problemas económicos (son más baratos los macarrones que la fruta) y de cultura dietética, no estar recibiendo los nutrientes (proteínas y vitaminas) necesarios.
Por todo lo cual, y partiendo de la convicción de que la alimentación (lo mismo que la vivienda, la sanidad, la educación o el trabajo) deberían ser derechos reconocidos para toda la población y, por lo tanto, los déficits nutricionales graves de los niños y niñas deberían ser paliados desde los servicios públicos, exigimos a la Administración que, a las puertas de nuevas adjudicaciones en los comedores privatizados, recupere la gestión pública de dicho servicio, para destinar el ahorro, que ello supondría, a mejorar la calidad del mismo y, de este modo, paliar los efectos del empobrecimiento en las niñas y niños de nuestra Comunidad, con bajadas de precios en los menús, aumento de becas y apertura de comedores en períodos no lectivos, así como un programa de desayunos o meriendas para escolares, similar al existente en algunas CCAA y ayuntamientos.
Valladolid, 21 de abril de 2014
Descargar nota de prensa
El último informe de Cáritas ha señalado que España es el segundo país de la UE con una tasa más alta de pobreza infantil. Sólo nos supera Rumania. Ese repentino aumento de la pobreza, consecuencia del expolio social, ha provocado que, en estos momentos, dos millones y medio de niños y niñas de nuestro país tengan graves problemas de malnutrición.
En Castilla y León, la penuria económica ha hecho disminuir, en los dos últimos años, el número de comensales de nuestros comedores escolares en un 7%, mientras el coste de los mismos para la Junta crecía en torno al millón de euros, de12,8 millones en 2011-2012 a 13,9 de 2013-2014, a pesar de haber disminuido el número de becas y aumentado el precio que pagan los usuarios (Castilla y León es la cuarta comunidad con los comedores más caros, según un estudio de CEAPA).
Además, según un estudio de Eroski, la calidad dietética de los menús escolares analizados en Valladolid era solo 'aceptable', empeorando considerablemente la valoración lograda en un estudio similar elaborado en 2008 (que fue 'muy bien').
La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que dicho deterioro y el aumento del capítulo correspondiente en el Presupuesto regional se debe, precisamente, a la decisión de la Consejería de Educación de privatizar los comedores escolares en el curso 2008-2009, traspasando la gestión a empresas que buscaban, con ello, aumentar su tasa de beneficios y optaron, para reducir costes, por un sistema de catering, con transporte en caliente, que deteriora las cualidades nutricionales de dichos alimentos.
Frente a ese panorama de pobreza y malnutrición, diferentes ONGs (Banco de Alimentos, Cruz, Roja o Cáritas) han intentado paliar las carencias de las familias, de forma directa, y organizado desayunos o meriendas escolares en los centros educativos de zonas empobrecidas de las ciudades, lo que implica sustituido un derecho (a la alimentación) por un modelo de caridad y beneficencia, propio de otros tiempos.
Además, dichas ONGs sólo disponen de productos de larga duración, y no de alimentos frescos como frutas, verduras, carne, pescado o huevos. Trasladar productos frescos hasta el local de la ONG, y de ahí al consumidor necesita un camión frigorífico, que nadie costea, por lo que dichos alimentos terminan siendo desperdiciados por los posibles donantes. Por otra parte, en el menú de los comedores privatizados escasean las verduras frescas y abundan los productos industriales frente a, por ejemplo, hamburguesas elaboradas con carne picada de la carnicería local y preparada por el personal de la cocina en el propio colegio.
Todo ello abunda en una situación ya existente en las familias, que pueden consumir las calorías necesarias, o incluso estar pasándose, pero, por problemas económicos (son más baratos los macarrones que la fruta) y de cultura dietética, no estar recibiendo los nutrientes (proteínas y vitaminas) necesarios.
Por todo lo cual, y partiendo de la convicción de que la alimentación (lo mismo que la vivienda, la sanidad, la educación o el trabajo) deberían ser derechos reconocidos para toda la población y, por lo tanto, los déficits nutricionales graves de los niños y niñas deberían ser paliados desde los servicios públicos, exigimos a la Administración que, a las puertas de nuevas adjudicaciones en los comedores privatizados, recupere la gestión pública de dicho servicio, para destinar el ahorro, que ello supondría, a mejorar la calidad del mismo y, de este modo, paliar los efectos del empobrecimiento en las niñas y niños de nuestra Comunidad, con bajadas de precios en los menús, aumento de becas y apertura de comedores en períodos no lectivos, así como un programa de desayunos o meriendas para escolares, similar al existente en algunas CCAA y ayuntamientos.
Valladolid, 21 de abril de 2014
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