Llevan cinco meses y medio en el Gobierno y no paran de recortar derechos. Guiado por Merkel y las instituciones financieras, el Gobierno español ha puesto en marcha un descarnado programa de reformas con la única obsesión de contener el déficit y acabar con derechos laborales, sociales y democráticos. Creyeron que su sola presencia en el Gobierno tranquilizaría a los poderes financieros y restablecería la confianza en nuestra maltrecha economía. Pero en este breve periodo de tiempo el paro no ha dejado de crecer, la economía permanece estancada y no se atisba la salida de la crisis.

Europa vive una grave crisis económica y social con tasas dramáticas de desempleo: son ya 24 millones las personas que están en paro en la Unión Europea, entre ellas más de cinco millones de jóvenes. En España, el paro alcanza cifras dramáticas: más de 5,5 millones de personas; en 1,7 millones de hogares, ninguno de sus integrantes en condiciones de trabajar, tiene empleo.

Y por si fuera poco, el crecimiento imparable del desempleo coincide con un ataque generalizado y sistemático a los derechos laborales y sociales, impulsado desde las instituciones europeas, que está teniendo consecuencias especialmente dolorosas en los países del sur y del este de Europa: disminución de salarios y pensiones, pérdida de derechos, debilitamiento de la negociación colectiva y de la capacidad de los sindicatos para defender a los trabajadores, deterioro de las prestaciones y servicios públicos, y ataque sin precedentes al Estado de bienestar.

Igualmente, España necesita una actuación en materia fiscal más coordinada y eficaz. Una actuación que no puede pasar nunca por la aprobación de una amnistía fiscal que supone un ataque ético muy grave a la justicia y equidad fiscal, y sí por una reforma para incrementar los recursos del Estado y hacer frente al fraude fiscal y a la economía sumergida.

CCOO y UGT hemos emplazado una y otra vez al Gobierno a negociar un acuerdo por la reactivación económica, el empleo y la cohesión social. Un Acuerdo que debería implicar a las fuerzas políticas parlamentarias y a las instituciones del Estado. A nuestro juicio, este sería el mejor camino para restablecer la confianza y sentar las bases para una salida más justa y equilibrada de la crisis. Pero el Ejecutivo prefiere entenderse con Merkel y la derecha europea para intentar, sin conseguirlo, satisfacer a mercados e instituciones financieras. Sigue instalado en el conflicto social, en el ataque a los derechos laborales y a los servicios públicos; en la eliminación de derechos civiles y democráticos; en la ‘criminalización’ de la respuesta social y sindical.

El movimiento sindical no va a parar. Seguiremos movilizándonos en la calle contra estas políticas antes y después del verano, y mantendremos un diálogo constante y fluido con la sociedad civil y las fuerzas políticas para trasladarles nuestras propuestas; fortaleceremos las alianzas sociales en defensa de los servicios públicos y el Estado de bienestar; promoveremos los mayores niveles de protección de las personas en situación de desempleo.

Por ello, el 20 de junio, hemos convocado manifestaciones en todo el país para: 

• Denunciar los recortes sociales del gobierno
• Volver a rechazar la reforma laboral
• Enfrentar la crisis con otra política económica y social.

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